Cuatro de los 10 candidatos a la gubernatura de Campeche han hecho pública su declaración patrimonial, pero sólo Layda Sansores, de Morena, presentó documentos oficiales.

Alito, como se le conoce a Alejandro Moreno Cárdenas, de la coalición PRI-PVEM, proporciona direcciones pero no costos de los bienes. Tiene un área de reserva en el complejo residencial Campeche Hills, dos camionetas y tres cuentas bancarias (sin montos).

Layda Sansores declaró un ingreso mensual por más de 500 mil pesos. Es propietaria de casas en Campeche, Cuernavaca y Distrito Federal; posee cuatro terrenos en Querétaro, cuatro en Chiapas, uno en Cuernavaca y otro en la ciudad de México, por 16 millones de pesos. Manifestó tener tres cuentas bancarias por 3 millones 634 mil 532 pesos y una inversión de 2 millones 21 mil 532 pesos en un banco. Posee joyas, obras de arte y menaje de casa con valor total de más de 2 millones de pesos. Además de cinco autos.

Jorge Rosiñol Abreu (PAN) dijo tener un ingreso anual de un millón 170 mil 247 pesos como diputado federal. Tiene una propiedad en Ciudad del Carmen, su domicilio actual; un rancho, El Teniente, con valor de 100 mil pesos; una casa en Mérida de un millón 850 mil pesos, así como una hipoteca por el mismo inmueble por 761 mil 077 pesos.

Luis Antonio Che Cu, candidato independiente, declaró un ingreso mensual de 2 mil 317 pesos por concepto de pensión y entre 10 mil y 12 mil pesos por cooperaciones de los miembros del Frente Campesino Independiente “Emiliano Zapata”, del cual es líder.

EL UNIVERSAL contactó a los demás candidatos para obtener una postura al respecto. José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, y Roger Ortegón García, de Encuentro Social, dijeron que presentarán su declaración en los próximos días. Por su parte, José Luis Góngora Ramírez, del PT, manifestó a mediados de marzo que a él “sólo se me podría acusar de empobrecimiento ilícito” y que presentaría la boleta de empeños en el Monte de Piedad, pero no lo ha hecho. César Israel Lechuga, de Movimiento Ciudadano, dijo que no hará público su patrimonio. Lo mismo que Olimpia Álvarez Casanova, del Partido Humanista, quien argumentó que la ley electoral del estado no la obliga, pero que si gana la gubernatura lo hará. Fernando Dante Imperial García, del PRD, es el único candidato del cual no se logró obtener una postura al respecto.