Amenazas para votar por determinado candidato, compra del voto, inducción, proselitismo con recursos públicos, condicionamiento de programas sociales, alteración del padrón electoral y falsificación de credenciales son delitos comunes en los comicios. Por ley, toda conducta que dañe severamente la elección e interfiera en el voto libre es sancionada con multas y cárcel de seis meses hasta 15 años; sin embargo, la mayoría de estos delitos alcanza libertad bajo fianza.

Según la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), desde el año 2000 hasta abril de 2015 atrajo 3 mil 874 denuncias en todo el país para su investigación; de éstas se determinó ejercicio de acción penal en 629 averiguaciones previas, es decir, sólo 16% fue turnado a un juez para su veredicto final.

La información de la Fepade, obtenida a través de la Ley de Transparencia, desglosa en primer lugar al Distrito Federal, con 432 denuncias atraídas; le siguen Chiapas con 368, Veracruz con 248, el Estado de México con 207, Puebla con 204 y Jalisco con 200. A la inversa están: Querétaro con 47, Colima con 44, San Luis Potosí con 42 y Baja California Sur con 40. La dependencia no contestó cuánta gente está presa por delitos electorales.

De acuerdo con expertos en el tema, las cifras de denuncia son bajas debido, entre otros factores, a la falta de credibilidad en la justicia. Además, advierten, casi nadie termina en prisión, pues aunque los casos se turnen a un juez penal estatal o a uno de distrito, “en la mayoría se permite la libertad provisional”, afirma Gabriel Regino, profesor de Criminología y Sistema Acusatorio de la UNAM.

De acuerdo con el abogado penalista, no hay presos por delitos electorales: “Aun si es detenido en flagrancia puede obtener su libertad. Son penas simbólicas y no siempre se ejecutan”.

La ley se modificó el año pasado, y aunque se agravaron un par de delitos donde no habrá posibilidad de fianzas, seguimos “rezagados tanto en eficiencia como en eficacia, particularmente en sanciones y castigos. Son delitos privativos de la libertad, pero no conozco que haya gente en la cárcel. A veces ni se consigna”, afirma el senador José Martínez, quien presidió la comisión especial para dar seguimiento a los procesos electorales de 2013.

En el artículo Los delitos electorales en México, Héctor Díaz Santana, experto en Derecho Electoral de la UNAM, advierte que los casos que han significado cárcel son los relacionados con falsificación de credenciales para votar, éstos, considera, no tendrían que figurar en la materia, pues “no tienen como fin obstaculizar el resultado de una elección”. Está el caso de una mujer y un hombre que en 2008 fueron encarcelados por delito electoral, pero hacían fraudes bancarios usando credenciales de elector falsas.

Sin fuerza especializada

Creada en 1994, la Fepade tiene como fin garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones. Aunque recibe denuncias, no les da seguimiento y carece de una fuerza especializada en investigación y persecución del delito, coinciden las fuentes consultadas.

Hoy día, la Fepade consigna a Juzgados de Distrito en Materia Penal, ahí el delito electoral recibe igual trato que el federal, ya sea delincuencia organizada o narcotráfico o robo de hidrocarburo. Es difícil, consideran expertos, que los jueces emitan sentencias condenatorias.

En mayo de 2014, el Diario Oficial publicó la Ley General en Materia de Delitos Electorales. “Quedó corta”, considera el legislador José Martínez, “porque responde más a conductas que se dan en el transcurso de la jornada electoral, no se ve tanto el ámbito de las campañas o precampañas. Sigue habiendo vacíos”.

El legislador dice que el gobierno en turno domina la indagatoria del delito. Enumera lo que falta: mecanismos de coordinación estandarizados entre la Federación y las entidades en el combate y prevención de delitos; asistencia en procuración de justicia electoral, capacitación a servidores públicos que hacen la investigación, recopilación e intercambio de estadísticas delictivas y réplica de la figura de la Fepade. Los cambios en la ley, considera Martínez, reportarán resultados tras este proceso electoral, “esperemos que haya visión para tener, por fin, castigos ejemplares”.

Para Regino García, el Código Penal Electoral no se ha regulado “porque así lo han querido los legisladores, a pesar de que estos ilícitos generan latrocinio a la credibilidad de las instituciones”. Sigue pendiente la homologación de la normatividad en los estados y una policía investigadora, constata el experto.

Combate infructuoso

Los delitos electorales no dejan huella, no se recibe un papel que documente el cambio de voto por dinero o especie. Se vuelve palabra de uno contra otro. “Poco pueden hacer las autoridades. Las sanciones resultan insuficientes”, expone Díaz Santana.

Perseguir los ilícitos es complicado, está relacionado no sólo con la persona que los comete, sino con el impacto que tiene en el proceso electoral. Cuando involucran recursos oficiales, asegura Regino García, se tipifican como peculado y la investigación pasa a otras instancias.

Comprobar el condicionamiento de programas sociales o la utilización de fondos públicos para proselitismo podría parecer más fácil, pero “dependerá de la eficacia de las autoridades para castigarlo”, agrega.

Comparada con el tiempo que duran las elecciones, la vía penal electoral es lenta. Puede presentarse una denuncia, se hace la investigación y la consignación tardará unos cuatro meses después de terminada la elección. La ausencia de sanción, coinciden los expertos, provoca que se carezca de garantías de legalidad.

Las elecciones intermedias, explica el legislador, son más complicadas: “La lógica del todo a como dé lugar lleva a cometer ilícitos. Un alcalde pretende llegar con la idea de buscar un cargo más alto, eso implica llegar a costa de lo que sea”.

Denunciar: acto de valentía

Díaz Santana califica la denuncia como un acto de valentía cívica, más en áreas rurales donde el denunciante puede ser sujeto de represalias, “para muchos la denuncia es una pérdida de tiempo”. Ante esa ausencia, los partidos políticos suelen ser los que señalan los ilícitos cometidos por sus adversarios y la esfera pasa al nivel administrativo.

“La procuración de justicia electoral está pasando por una fuerte crisis por su falta de efectividad. Y, en lo político, el debate de ideas es sustituido por redes clientelares y regalos para el votante”, asegura el especialista.

La norma marca que los delitos electorales son de estricta aplicación cuando hay daño severo al proceso electoral, sin embargo, la autoridad debe comprobar dolo, que se actuó de forma consciente y voluntaria.

Martínez pregunta: ¿Cómo puede acreditarse el dolo? “La fiscalía no puede tener miles de policías investigadoras en cada casilla, pero si el agraviado denuncia, deberá perseguirse la indagatoria aunque no sea de su competencia. Obliga a reencausar el proceso para que se siga en la instancia correspondiente”, dice el legislador.

Partidos, impunes

Los entrevistados destacan que el mayor peso en cuanto a sanciones lo llevan los particulares, mientras que los partidos han hallado maneras de saltarse la norma. “Hacen gala de impunidad y aprovechan cínicamente el vacío de la ley para encontrar salidas descaradas a la violación del marco normativo. No hay una regulación, penalmente hablando, que los haga responsables”, indica Regino García.

Menciona el caso del Partido Verde Ecologista: “Es reacio a las sanciones. Esto evidencia conductas ilícitas no previstas como delito”.

Es un mal ejemplo, coincide José Martínez: “Es una burla al país, esta conducta no está sancionada penalmente, sigue residiendo en el ámbito administrativo”.

En un análisis de los factores que inciden en la comisión de delitos electorales, Díaz Santana menciona que los delincuentes aprovechan el escaso nivel educativo de las víctimas que, por ignorancia o conveniencia, canjean su voto siempre habrá quien busque ayuda en dinero, especie —despensas o material de construcción— o apoyo en programas sociales.