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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó cumplir medidas cautelares a las secretarías de Gobernación (Segob) y General de Gobierno de Sinaloa, para evitar daños irreparables a los derechos a la vida, integridad personal y seguridad física de dos defensoras de derechos humanos y sus familias.

Pidió a estas dependencias contactar y llevar a cabo las reuniones que sean necesarias con las activistas, para obtener información y conocer a detalle la problemática que enfrentan, ante la violencia que se vive en Sinaloa, y poder emitir la resolución que corresponda.

En un comunicado, el organismo, que encabeza Luis Raúl González Pérez, recordó que las medidas cautelares responden a la petición de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Esta organización no gubernamental señaló como antecedente el asesinato de Ramón Corrales Vega, el 22 de mayo de 2014, quien fue ex presidente del Comisariado Ejidal del Cajón de Cancio, en el municipio de Choix, y defensor de derechos humanos, cuyo padre y hermano también fueron privados de la vida.

“La situación de violencia e inseguridad, así como la pugna por el control territorial expresada en los enfrentamientos entre los grupos armados que ha afectado al estado de Sinaloa —explicó la CMDPDH en su petición—, está generando el desplazamiento interno forzado de miles de personas”, resaltó la CNDH.

Citó que después de 2008, los grupos armados organizados empezaron a sembrar el terror en las comunidades serranas de la región.