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Toluca, Méx.— La Procuraduría General de Justicia del Estado de México investiga a 20 funcionarios, entre peritos, secretarios y agentes del Ministerio Público, por las presuntas violaciones a derechos humanos —específicamente actos de tortura—, relacionados con el caso Tlatlaya, en el que murieron 22 civiles, de los cuales al menos ocho fueron ejecutados por militares en junio de 2014.

El titular de la dependencia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, informó sobre la investigación en curso en contra de los servidores públicos que presuntamente torturaron a tres de las víctimas sobrevivientes del incidente.

Aunque reconoció que ninguno de éstos ha sido dado de baja hasta el momento, en tanto no se confirme su grado de responsabilidad.

Ante la muerte de los 22 civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretendió sostener la versión de que fue producto de un enfrentamiento con presuntos delincuentes.

El caso dio un giro cuando la declaración de una de estas víctimas reveló que los militares dispararon contra personas desarmadas, lo que al final derivó en la detención y consignación de militares. Aunque ante la existencia de otras violaciones graves, la CNDH pidió también a la Procuraduría de Justicia mexiquense que indagara los actos de tortura contra tres mujeres sobrevivientes para que declararan distorsionando los hechos.

Al respecto, Gómez Sánchez indicó que “la CNDH ha presentado su denuncia en la cual señala a una serie de personas o servidores públicos que estuvieron involucrados en los hechos, todos estos servidores públicos son materia de investigación… ninguno ha sido separado del cargo todavía, sobre la base del principio de presunción de inocencia”, puntualizó.

Explicó que como parte de la investigación de presuntas violaciones a garantías individuales [malos tratos y tortura] que habrían cometido funcionarios a su cargo, se revisan las distintas declaraciones que hicieron las tres víctimas para confrontarlas con las revisiones médicas que se les practicaron en diversos momentos.

Por otra parte y al hacer un recuento del avance en el cumplimiento de la recomendación girada por la CNDH, Gómez Sánchez admitió que hasta el monento es parcial por parte del gobierno mexiquense.

En este sentido informó que aún no se cubren las indemnizaciones correspondientes por “reparación del daño”, debido a que no están concluidas todas las diligencias para hacer este cálculo; sin embargo, sostuvo que a las agraviadas se les ha procurado apoyo en materia de salud y educación.

Respecto a los aspectos que ya se cumplieron de la recomendación, el funcionario informó que se trata de la aplicación de cursos en materia de derechos humanos a personal de servicios periciales y ministeriales de la institución por parte de instancias especializadas, además de que está por aplicarse otro curso más que impartirá personal de la propia CNDH.

El procurador informó que también ya se inscribió al Registro Nacional de Víctimas a las tres mujeres que denunciaron “maltratos”, dijo.

En este aspecto, aclaró que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas liberó los oficios en los cuales inscribe en el registro referido a las tres víctimas del caso Tlatlaya, en tanto que el cálculo de la indemnización aún es un aspecto pendiente.

Finalmente, aclaró que el gobierno estatal no promovió ningún juicio de amparo contra la información que ha liberado la CNDH en este caso.

Por su parte, el secretario general de gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, insistió que el día de los hechos en Tlatlaya, el personal de la Procuraduría de Justicia llegó al lugar seis horas después de que se tuvieron los primeros reportes de la masacre, aunque de acuerdo con la CNDH, esto no desvirtúa el maltrato.