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Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México, enfatiza Human Rights Watch (HRW) en una carta enviada a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González.

Fechada en Nueva York, la misiva firmada por José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, hace un llamado a México para intensificar los esfuerzos para asegurar que se investiguen y sancionen adecuadamente las gravísimas violaciones de derechos humanos.

“El gobierno se ha esmerado demasiado en restarle importancia a la crisis de derechos humanos en el país, mientras que sus esfuerzos para resolverla han sido absolutamente insuficientes”, señala.

La nueva procuradora general de la República —continúa—, está en condiciones de contribuir para marcar un nuevo rumbo para México, pero para ello deberá ser mucho más activa que sus predecesores.

En otras ocasiones, altos funcionarios del gobierno, incluido el ex procurador general Jesús Murillo Karam, expresaron su intención de abordar los problemas de derechos humanos que existen en el país, “pero sus esfuerzos han sido inadecuados y han producido resultados limitados”, señala HRW.

Añade que la titular de la PGR debería trabajar con otras autoridades competentes para asegurar que la unidad especial dedicada a indagar las desapariciones forzadas tenga recursos y personal suficientes para llevar a cabo investigaciones.

“La investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de estos y otros abusos debería ser una de las máximas prioridades de la PGR”, apunta Vivanco en la misiva de ocho cuartillas, en la que detalla los retos y los desafíos de la dependencia que está próxima a transformarse en la Fiscalía General.

“La PGR debería dar a conocer los nombres de las 22 mil personas extraviadas o desaparecidas, así como de otras miles más que habían sido denunciadas como extraviadas y que presuntamente han sido halladas”.

Cuestionan resultados

En la carta fustiga que de junio de 2013 —cuando se creó la Unidad Especial— hasta enero de 2015, esta área solamente había encontrado a 102 personas que fueron denunciadas como desaparecidas o extraviadas, y no haya logrado “ninguna condena por desapariciones forzadas cometidas desde 2007”.

Vivanco también destaca en el documento “la inadecuada respuesta de la PGR ante casos de desapariciones”, como la de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ya que esperó 10 días desde que ocurrieron los hechos para iniciar la investigación correspondiente.

En este y otros casos, HRW pide que la procuradora Arely Gómez asegure que los expertos independientes que participan en las investigaciones penales realicen su labor sin interferencias indebidas, y que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a la información y resultados de estas investigaciones.

Destaca que en 2014 un informe del relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias determinó que “sigue produciéndose un número alarmante”.

En ese contexto, Vivanco señala que la forma en que la PGR abordó el caso Tlatlaya, donde militares asesinaron a a civiles desarmados, “no ha sido mejor que su respuesta a las desapariciones en Iguala.