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En su informe mundial 2015, la organización Human Rights Watch (HRW) asegura que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha logrado avances limitados en juzgar los asesinatos, las desapariciones forzadas y los hechos de tortura generalizados perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada.

Los casos de Iguala, Tlatlaya y las autodefensas en Michoacán son referidos por la organización como ejemplos de los rezagos que de manera general presenta México en esta materia.

En el informe se asegura que miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas desapariciones forzadas desde que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) comenzó la “guerra contra el narcotráfico”.

No obstante, se indica que todas las fuerzas de seguridad han continuado perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto, en algunas ocasiones en colaboración directa con grupos criminales.

“La desaparición forzada de 43 estudiantes ocurrida en septiembre, en Iguala, Guerrero, provocó protestas generalizadas que llamaban al gobierno a esclarecer el paradero de los estudiantes y abordar el problema más general de corrupción y abusos que el caso dejó en evidencia”, indica HRW.

Destaca que, según datos oficiales, hasta abril ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006.

El reporte indica que la aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país. Destaca que no ha habido alguna evaluación independiente sobre la implementación del acuerdo suscrito en abril con el gobierno, en el cual se comprometieron a que sus miembros registraran sus armas y se sumaran a las fuerzas locales de seguridad.

“México ha dependido fuertemente de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y contra la delincuencia organizada, lo cual ha llevado a violaciones generalizadas de derechos humanos”, asegura HRW.

Recuerda que desde 2006 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió aproximadamente 9 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército mexicano, y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había cometido graves violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, el reporte hace referencia al caso Tlatlaya, en el Estado de México.

Desapariciones forzadas

Human Rights Watch reconoce que al asumir la Presidencia de la República en diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto reconoció que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, y admitió que se desconocía el paradero de más de 22 mil personas.

No obstante, el reporte destaca que el gobierno mexicano no aportó evidencias que corroboren el dato de las personas extraviadas ni información sobre cuántos de estos casos son presuntas desapariciones forzadas.

Otros problemas que persisten, de acuerdo con el informe anual de la organización, son las restricciones a la libertad de prensa —donde destaca que 102 periodistas fueron asesinados y 24 desaparecidos, incluidos dos que fueron ejecutados el año pasado—, los abusos contra migrantes y los límites al acceso a derechos reproductivos y a la atención médica.

“Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o que critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y de agresiones”, se destaca en el reporte.