periodismo.investigacion@eluniversal.com.mx  

San Miguel Totolapan

Con una plaza animada por una reunión de decenas de mujeres beneficiarias del programa de apoyo social Oportunidades, y un alcalde que enfrenta denuncias por crimen organizado y se mueve bajo la protección de cuatro civiles con fusiles de asalto alemanes HK calibre .223 [armas de uso exclusivo del Ejército], San Miguel Totolapan muestra cifras que lo hacen parecer un grave problema en sí mismo:

1) Una cantidad de homicidios que se multiplicó 10 veces entre 2005 y 2013, hasta alcanzar un índice de crímenes de 150 por cada 100 mil habitantes [ocho veces el ya elevado promedio nacional].

2) Una producción de amapola tan extendida que las autoridades erradicaron más kilómetros cuadrados de cultivos [169] ahí que en cualquier otra demarcación de Guerrero entre 1994 y 2003.

3) La presencia de cinco bandas delincuenciales que se disputan su territorio.

4) Fuerzas federales que desarmaron a la policía municipal en octubre, pero sólo imponen una precaria calma en la cabecera municipal.

5) Grupos de autodefensa formados para enfrentar los ataques y el control de los sicarios.

6) La expulsión de cuando menos mil 714 habitantes [según la agencia de noticias Quadratín] que han tenido que dejar poblaciones vacías y buscar refugio en albergues improvisados o incorporarse a la mendicidad urbana en Chilpancingo, Cuernavaca o la ciudad de México.

Al salir de las oficinas del ayuntamiento de San Miguel Totolapan, el alcalde priísta Saúl Beltrán Orozco divisa a los reporteros en la plaza, se acerca a ellos —que son rodeados por sus guardias— y declara sin mediar pregunta: “Lo único que les puedo decir es que estamos trabajando y… pues que vamos para arriba. Me voy a un evento. Tengan claro que sólo en la cabecera municipal están seguros. ¡Y no todo el día! No anden por ahí porque los matan”. Se marcha.

El presidente municipal es uno de los por lo menos 12 de la región [dos de ellos en la cárcel: los de Iguala y Cuetzala] que son investigados por presuntos nexos con grupos criminales, según informaciones de inteligencia dadas a conocer en la prensa en noviembre pasado.

Este mismo hombre enfrenta denuncias de haber protegido a sicarios de Guerreros Unidos que escapaban de Iguala en octubre pasado [presentada por representantes de grupos de autodefensas en Chilpancingo en noviembre de 2014] y por trabajar para el cártel Jalisco Nueva Generación [hecha en la radio local por el diputado federal Catalino Duarte, en diciembre pasado].

Algunos lugareños se ofrecen a interpretar las palabras que dirigió a los reporteros: “Si entendieron bien, significa lárguense de aquí ahorita”, resume un vecino que no da su nombre. Otro advierte: “Pero no pueden regresar por donde vinieron [de Ajuchitlán], ya los esperan”. “¡Tienen que cruzar el río Balsas!”, apremian. Pero tampoco esa es una ruta segura. No las hay en este sitio.

Sólo con protección militar

No hay duda de que San Miguel Totolapan sufre un grave problema. No lo tiene en exclusiva, lo comparte con otros 20 municipios al norte y al sur de la sierra guerrerense, una región mal comunicada que comprende más de 40% del estado [unos 27 mil kilómetros, como la República de Haití].

Una investigación realizada por EL UNIVERSAL y la revista Esquire Latinoamérica revela que al menos 10 grupos del crimen organizado —cinco cárteles y cinco bandas locales— se disputan “El Pentágono de la Amapola”, un territorio donde se produce 42% del llamado oro rojo.

En algunos de los municipios de esta zona flanqueada por ocho bases militares, la cifra de homicidios dolosos equivale hasta ocho veces la media nacional, según datos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal.

Alcaldes, funcionarios y habitantes de la región cuentan que más allá de las cabeceras municipales no hay presencia de policías municipales, y los agentes federales entran a cuenta gotas y casi siempre sólo si van acompañados de elementos del Ejército.

Las cifras de desaparecidos se cuentan por decenas, aunque ninguna asociación civil o gubernamental tiene un registro ordenado, mientras que los desplazados suman cientos.

Este jugoso botín de la amapola mexicana está enmarcado en una figura pentagonal, cuyos vértices son cinco cabeceras municpales: Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo y Coyuca de Catalán.

Las carreteras federales alrededor del pentágono son cuatro: la 95 que une al Distrito Federal con Acapulco, pasando por Iguala; la 51, que corre de esta urbe hacia Michoacán, pasando por Ciudad Altamirano; la 134, que de aquí baja a Zihuatanejo, por donde pasa la 200 que, paralela al Océano Pacífico, llega a Acapulco.

Más que ser el centro político de este extenso municipio de dos mil 474 kilómetros cuadrados, este pueblo semeja estar preso dentro de la demarcación que encabeza.

Si al venir de Ajuchitlán [cuya situación es muy parecida], los periodistas cruzaron desde el oeste la línea de combate entre el territorio que controlan Los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación, la salida más allá del río Balsas, hacia el norte por Santa Ana del Águila y hasta el crucero de Poliutla de la carretera 51, es zona de sangrienta disputa con La Familia Michoacana.

A 20 kilómetros al este, río arriba, están las comunidades de Villa Hidalgo (El Cubo), El Remance y El Terrero, donde “la policía no se acerca si no van por delante los soldados”, explica un totolapense.

En ese sitio, el 16 de julio de 2013, un recio combate entre bandas forzó la huida de 631 pobladores. Y al sur, por donde los caminos de terracería se dirigen a las comunidades abandonadas en parte de Linda Vista, Petlacala y Tehuehuetla, “para subir a la sierra, sólo con protección del Ejército y no va muy seguido”, explica el vecino.

El primer poblado, La Gavia, a sólo 15 minutos, “es como un cuartel de malandros donde a uno lo reciben a tiros”.

Marino Ocampo Salmerón, nativo de Totolapan y coordinador de Protección Civil en la región de Tierra Caliente, termina de poner en claro que salir del pueblo puede costar la vida: “Lo digo con la mejor voluntad”.

Es lo mismo que afirman autoridades, activistas y personas a lo largo de “El Pentágono de la Amapola”: hacia el interior de este territorio cuasi-independiente y sin gobierno, fuera de las cabeceras municipales, y a veces dentro de ellas, no hay autoridad que garantice la protección de los ciudadanos.

En Coyuca de Catalán, un agente del Ministerio Público advierte que los reporteros “sólo con mucha suerte” pasarían con vida los retenes que mantienen los criminales en los caminos de ese municipio, del de Ajuchitlán [la localidad con la silla edilicia más temible de Tierra Caliente: sus tres alcaldes anteriores sufrieron secuestros y sólo uno regresó con vida] y del de San Miguel Totolapan.

Hacia el oriente, en Apaxtla, pese a que la seguridad está a cargo del Ejército y de la Policía Federal, el alcalde Efraín Peña Damacio explica que en su pueblo “ya no hay ni un secuestro”, pero en las comunidades cercanas siguen dominando los delincuentes.

En Chilpancingo, un indígena de unos 50 años, quien teme represalias si da su nombre, bajó a pedirle seguridad al gobierno para las comunidades de la sierra porque se hallan atrapadas en la guerra entre bandas: “los soldados y policías sólo están en la cabecera municipal y no suben a las rancherías”. En Técpan, Isidro Urióstegui, comisariado ejidal de San Juan Tehuehuetla, explica que él y los 165 habitantes de Las Mesas II fueron expulsados a balazos dos veces, en agosto de 2013 y en enero de 2014, y ahora quieren ser reubicados en la costa porque no tienen apoyo para regresar: se dirigió varias veces al general Francisco Leana Ojeda, en la 35 Zona Militar de Chilpancingo, quien “me dijo que él no podía ayudarnos, que no tenía vehículos, que no tenía personal”.

Por el lado de la Costa Grande, al sur de la sierra, Leopoldo Soberanis, quien en 2013 encabezó un grupo de autodefensas de San Luis de la Loma, repite que a la sierra “sólo se puede subir con el Ejército”.

Dos de cada cinco flores rojas

En la esquina noreste del “Pentágono de la Amapola”, Iguala es el principal centro de acopio de opiáceos del estado. Se trata de una industria que superó la producción nacional de mariguana desde hace cuatro años. El reporte sexenal 2006-2012 Combate al narcotráfico, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señala que la erradicación de cannabis fue 28% mayor que la de amapola en 2008, pero ya en 2011 fue al revés: la eliminación de adormidera superó a la de mariguana en 19%. Y en 2012 la rebasó por 40%.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió una notificación al Congreso, con fecha 16 de septiembre de 2014, explicando que México se ha convertido en el “principal proveedor de derivados de opio” a su país y en los cuatro años anteriores, los decomisos de heroína en la frontera común se elevaron 324%.

Ayer, la agencia de noticias Associated Press reportó que los habitantes del Filo Mayor de la Sierra [en Tlacotepec, municipio General Heliodoro Castillo] producen más opio debido al incremento en la demanda de heroína por parte de Estados Unidos. “No pueden dejar el cultivo de la amapola, mientras haya demanda y el gobierno no ponga atención”, dice un poblador.

“Todo es para la exportación —señala AP—. Es un negocio de miles de millones de dólares, en su mayoría del cártel de Sinaloa”.

El despacho informativo también cita un informe de la DEA que asegura que México produce casi la mitad de la heroína que se consume en Estados Unidos.

La manera en que las autoridades miden las dimensiones de este negocio no es calculando la superficie de cultivo, sino el número de hectáreas en las que las fuerzas de seguridad realizaron operaciones de destrucción de plantíos. En 2011, 54% de éstas tuvieron lugar en Guerrero, según el Anuario Estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y dentro del estado, 78.6% de esas acciones se registraron en los 21 municipios de este territorio sin ley, de acuerdo con el estudio Mapa del cultivo de drogas en México elaborado por Carlos Resa Nestares, de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en crimen organizado mexicano.

Si tales estadísticas son un indicativo válido de la producción, como es asumido por autoridades e investigadores, el “Pentágono de la Amapola” es origen de 42% de la flor nacional.

La multiplicación de las balas

Esta región es como un tablero pentagonal con casillas que tratan de ocupar jugadores de todos los tamaños. Los más grandes son cárteles nacionales: La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y Los Zetas. Su esfuerzo por penetrar en Guerrero, retando el poder del capo Arturo Beltrán Leyva, quien controlaba la ruta México-Acapulco, la Costa Grande y la mayor parte de Tierra Caliente, se vio facilitado en 2009 con la muerte del capo en un enfrentamiento con marinos, el 16 de diciembre de ese mismo año.

La organización de los Beltrán Leyva se fragmentó: en las regiones Norte y Tierra Caliente se asentó Guerreros Unidos; en la zona Centro, Los Rojos; en el puerto apareció el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y La Barredora, afín a los de Sinaloa; y desde su base en San Luis de la Loma, municipio de Técpan, ganó influencia la pandilla local Los Granados.

En términos generales, este pentágono tiene tres grandes zonas de confrontación, identificadas por el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Víctor Manuel Sánchez Valdés:

En la Costa Grande, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán, antiguos enemigos a muerte, Los Granados y el cacique de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez [del cártel de Sinaloa], se aliaron con el cártel Jalisco Nueva Generación para detener la ofensiva de Los Caballeros Templarios desde Michoacán.

De Ciudad Altamirano a Iguala, La Familia Michoacana, Guerreros Unidos y Los Rojos pelean por el control de Tierra Caliente.

Y en Acapulco, Los Rojos, el CIDA y La Barredora mantienen su propia guerra. Además de Chilpancingo, donde confluyen estas tres bandas con Los Templarios, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos.

El resultado es que, entre 2005 y 2013, todos los municipios del “pentágono” experimentaron un inmenso crecimiento del número de asesinatos, que se multiplicó 17 veces en Eduardo Neri [cabecera en Zumpango], 10 en Coyuca de Catalán, ocho en Cocula y seis en Cuetzala y en Leonardo Bravo, según datos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal.

Si la media mexicana en los índices de homicidios dolosos fue de 19 por 100 mil en 2013, y Guerrero la triplicó en ese año con un promedio de 63 por 100 mil habitantes, hubo municipios que la octuplicaron y septuplicaron: Apaxtla alcanzó 153; Coyuca de Benítez, 143; Pungarabato [Ciudad Altamirano], 139; y Coyuca de Catalán, 126.