La franja fronteriza norte de México es la zona del país con el mayor número de crímenes políticos, al registrarse un total de 45 asesinatos durante la última década, como resultado de 73 ataques. Algunas figuras fueron liquidadas siendo candidatas a ocupar cargos de elección y otras en su mandato o al cabo del mismo. Como resultado de esas embestidas, entre 2005 y 2015 perdieron la vida: cinco candidatos, 12 presidentes municipales, ocho ex alcaldes, tres diputados federales, dos locales, dos ex diputados, nueve regidores, tres ex regidores y un presidente de consejo ciudadano.

Del total de homicidios, 18 ocurrieron en Chihuahua, 11 en Tamaulipas, ocho en Nuevo León, tres en Sonora, cuatro en Coahuila y uno en Baja California. Por partidos políticos, el PRI tiene 28 víctimas, el PAN 11 y PRD, Morena, PSD, PT y Convergencia [que devino en Movimiento Ciudadano], tienen uno cada cual. Uno más no contaba con partido.

De los 90 asesinatos a nivel nacional exclusivamente de alcaldes, legisladores, ex legisladores y candidatos a serlo —que excluye síndicos, regidores o delegados—, la franja norte registró 21, es decir 23.3% del total.

De acuerdo con una base de datos construida por EL UNIVERSAL con información hemerográfica, los 10 distritos electorales federales con mayor violencia política entre 2005 y 2015 son: Ciudad Juárez (I) y Guadalupe y Calvo (IV), de Chihuahua; Nuevo Laredo (I), Ciudad Victoria(V) y Río Bravo (III), de Tamaulipas; Santa Catarina (I), Cadereyta (XII), Monterrey (VII y IX) y Linares (IX), de Nuevo León. En esas tres entidades ocurrieron 59 de los 73 atentados contra representantes populares en la década, includo el ataque contra la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, ocurrido este domingo 8 de marzo. Ese día, pasadas las 20:00 horas, el convoy de dos vehículos de Salazar recibió una agresión; sin embargo, ella resultó ilesa. Este hecho se registró en uno de los accesos a Matamoros.

El mayor mercado global

El vasto territorio que va de Tijuana, en la costa del Pacífico, a Matamoros, en las aguas del Golfo, es la puerta de ingreso al mayor mercado global de consumo de droga y una zona geoestratégica para la industria de enervantes, según explica el antropólogo social y experto en investigación geopolítica Octavio Augusto Montes Vega: “La violencia política en el norte tiene que ver con las relaciones internacionales del narcotráfico, el suministro de armas y la geopolítica del corredor México-Estados Unidos-Colombia (…). En el sur el ritual político-electoral sigue dando dinero y control territorial a los grupos criminales, pero las verdaderas ganancias del flujo de mariguana y metanfetaminas está en las fronteras, no es una diferencia de intensidad, sino de objetivos”.

Una violencia que no se limita ya a miembros de ayuntamientos y legislaturas, sino que ha topado con un candidato a gobernador, con un senador y con familiares de mandatarios estatales en funciones.

Por ejemplo, en junio de 2010, cuatro días antes de las elecciones, el candidato a gobernador de Tamaulipas, el priísta Rodolfo Torre Cantú, fue emboscado en una carretera de Victoria, donde perdió la vida en sólo 13 segundos bajo una tormenta de proyectiles de alto calibre disparados por al menos 16 pistoleros, según peritos. Dos años después, autoridades federales atribuyeron la orden a Eduardo Costilla, apodado El Coss, cabecilla del cártel del Golfo.

Y de nada sirvió a José Eduardo Moreira Rodríguez ser hijo de un ex presidente del comité nacional del PRI y sobrino del gobernador de Coahuila, Humberto y Rubén Moreira Valdez, respectivamente, para esquivar la bala que en marzo de 2012 le quitó la vida en una brecha de Ciudad Acuña, presuntamente por instrucción de Miguel Treviño, llamado Z-40.

De hecho, el parentesco con políticos se ha convertido en el norte en marca fatal, pues 15 parientes directos de representantes populares han perdido la vida en este fatal recuento.

En 2010 los familiares del entonces gobernador electo de Chihuahua, César Duarte Jáquez: a su sobrino, el empresario de 42 años, Mario Medina Velo, lo acribillaron en su negocio; y días después, su primo, el abogado Alberto Porras Duarte, quien se perfilaba como subprocurador en la nueva administración, murió baleado por la espalda.

Chihuahua, Distrito I / Ciudad Juárez

A unos 30 kilómetros de esta cabecera distrital, y a sólo dos de la línea fronteriza, se halla Guadalupe Distrito Bravos, el municipio donde Omar Anaya Núñez, joven ex alcalde del lugar, fue asesinado en septiembre de 2006 por dos pistoleros que entraron a su restaurante, La Herencia. Antes que Omar (2001-2004), su papá, Apolonio Amaya Fierro, había sido presidente municipal (1983-86). Todavía no asimilaba la muerte de su hijo cuando él mismo fue liquidado a tiros en un centro comercial de Ciudad Juárez, en abril de 2007.

Un año después, su nieto, de casi tres años, tuvo que esperar la llegada de la policía solo y dentro del coche, junto al cadáver de su madre, la abogada y docente de bachillerato Aglae Anaya Núñez, menor de 30, que tenía una bala en el cráneo. Su esposo, padre del niño, que conducía el auto rumbo a Juárez, desapareció en el mismo ataque. La abuela del bebé, viuda de don Apolonio, doña Carmen Núñez Alvarado, pudo llorarles hasta agosto siguiente, cuando otros asesinos la ultimaron en el supermercado Súper del Valle, de su propiedad.

En la gestión del alcalde Jesús Manuel Lara (PRI, 2007-10) también fueron abatidas dos regidoras, Cristina Aranda (PRI) y Patricia Ávila (PAN), y a una más, Beatriz Sánchez (PAN), le quemaron la casa antes de secuestrarla con su sobrina adolescente. Aún no hay noticias.

Cuando llegaron amenazas para Jesún Manuel Lara, bajo estricto sigilo trasladó a su familia a Ciudad Juárez, pero ahí mismo fue asesinado en junio de 2010. Al año siguiente mataron a su hermano, David, trabajador de limpia en Guadalupe Distrito Bravos.

Juárez no era el mejor refugio. Ahí murió también bajo fuego, en 2009, la regidora de Villa Ahumada, Lorena Pérez Marrufo, y en enero de este 2015, el ex presidente municipal de ese municipio, Alberto Almeida (PRI).

Tampoco Natividad García se salvó de morir así, siendo como era regidor del ayuntamiento juarense y compadre de Héctor Murguía (PRI), dos veces alcalde (2004-07, 2010-13). Cabe recordar que Murguía tuvo como jefe de policía a Saulo Reyes, preso desde 2008 en Estados Unidos por introducir droga; como capitán a Manuel Fierro, condenado después en ese país por delito similar; y como secretario de Seguridad Pública a Marco Antonio Torres, a quien la agencia antidrogas (DEA) endilga haber sido “contacto” de Vicente Carrillo Fuentes, apodado El Viceroy.

Tamaulipas, Distrito II / Reynosa

El senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN) cree que actualmente es primordial certificar a colaboradores, incluso de los equipos de campaña, para descartar antecedentes penales y legislar sobre “las nuevas amenazas de infiltración del crimen organizado en los procesos electorales”.

Y es que a pesar de la cautela, cuando él contendió por la alcaldía de Reynosa en 2004, por recomendación de un familiar integró a su campaña como auxiliar de logística a René Izaguirre, un ex comandante de la Policía Judicial Federal (PJF), cuñado del también comandante Guillermo González Calderoni, asesinado en McAllen (2003), a quien ligaban al clan delictivo de Félix Gallardo.

“Debido a su procedencia (PJF), solicitamos su certificación al entonces subsecretario de Gobernación federal, Felipe González, y confirmó que no existía ninguna averiguación previa contra Izaguirre ni contaba con antecedentes delictivos”, detalla Cabeza de Vaca.

Cuando Izaguirre fue asesinado en 2005 surgió su expediente negro y se difundió que había sido considerado por el entonces alcalde electo para ser subdirector de Seguridad Pública. “Totalmente falso que haya sido mi escolta o mi chofer, y nunca le ofrecí cargo alguno”, dice el actual senador panista.

Cuando aquello parecía quedar atrás, su gestión fue acusada de haber prestado el estadio de beisbol del parque Adolfo López Mateos para un festival infantil patrocinado presuntamente por Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, al que asistieron alrededor de 20 mil personas (29/4/2006).

“Ante las versiones de que ese día regalaban juguetes a nombre del narcotraficante —explica el senador—, el ayuntamiento presentó una denuncia ante la PGR (APP 82/2006/SIEDO) a la que integramos la solicitud del permiso otorgado al empresario Samuel Carreón para el festejo. Luego, a través de inserciones pagadas en los periódicos locales se pretendió hacer creer que era un evento del criminal”.

Y ya siendo diputado local atribuyeron a Cabeza de Vaca la paternidad política de un ex policía de Reynosa procesado por tráfico de drogas, Alfredo Leal. “Otro infundio doloso —asegura el panista—, llevaba trabajando en la Policía Municipal desde cuatro administraciones anteriores y permaneció porque aprobó los exámenes de control de confianza”, agrega.

La madrugada del 28 de abril de 2014 una camioneta con hombres armados trató de interceptar el vehículo en que viajaba el senador tamaulipeco, quien se dirigía al aeropuerto de esta cabecera distrital, pero su chofer evadió al comando. Cabeza de Vaca considera que fue un acto de intimidación para impedir que continuaran sus labores en busca de la seguridad.

Nuevo León, Distrito I / Santa Catarina

Cuando en 2010 secuestraron a Edelmiro Cavazos (PAN), alcalde de Santiago (del Distrito IX, con cabecera en Linares), y después fueron a tirar su cadáver cerca de una cascada, el gobernador del estado Rodrigo Medina visitó a la familia de la víctima e hizo prometer al procurador Alejandro Garza: “Esto no vuelve a suceder”. De entonces a la fecha han matado al alcalde de Doctor González, Prisciliano Rodríguez (PRI); al regidor de Benito Juárez, Tomás Betancuort (Morena), e incluso en 2012, a dos cuñados de Sergio Alanís Marroquín, entonces presidente estatal del PRI.

Pero el asesinato que más ha trascendido es el de Hernán Belden Elizondo (PAN), originario de San Pedro Garza García, quien una semana después de concluir su periodo como diputado local fue secuestrado y días más tarde apareció con el cráneo destrozado, crimen por el cual Edelmiro Sánchez Hernández, un operador panista, es buscado por Interpol y la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León desde noviembre de 2012. El prófugo apareció a principios de 2014 departiendo relajadamente con varios diputados federales panistas en una famosa fiesta efectuada en Puerto Vallarta, entre otros, Luis Alberto Villarreal, Alejandro Zapata Perogordo y Jorge Villalobos Seáñez. Ninguno denunció a Sánchez Hernández.