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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó las cifras de 2013 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), recursos destinados exclusivamente para el reclutamiento, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública, entre otras, y encontró que de los 7 mil 631 millones de pesos que fiscalizó a todos los estados de México, hay un hueco por mil millones 119 mil de pesos que, hasta el día de hoy, no se tiene claro en qué se gastaron.

La ASF consideró que los controles internos para la gestión del fondo en 13 de los estados auditados son bajos, es decir, no cuentan con los suficientes mecanismos de control sobre el comportamiento de algunas actividades y esto les impide garantizar el cumplimiento de los objetivos del FASP.

La cuenta pública de 2013 reveló que 30% de los recursos transferidos por este fondo no fueron ejercidos en el año fiscal correspondiente, cantidad que asciende a más de 2 mil millones de pesos.

Michoacán, lugar clave del grupo del crimen organizado Los Caballeros Templarios, no ha ejercido 88% de los recursos que le fueron otorgados. Morelos, sitio que de acuerdo con el documento que presentó la ASF se posicionó en el tercer lugar de los estados con más delitos por cada mil habitantes, no había ocupado 70% del dinero que le transfirieron para mejorar varios ámbitos referentes a seguridad.

Veracruz y Michoacán juntan 579 millones 231 mil pesos (50%) del dinero que hasta ahora no ha sido justificado. Además, ninguno de los dos estados aclaró en qué ocuparon entre 80 y 90% del dinero que les fue otorgado mediante este fondo.

Sinaloa tampoco dio cuentas claras. De los 219 millones de pesos que ha recibido por el FASP, hay 135 millones de pesos que la ASF no tiene claro cómo se gastaron.

Coahuila también sobresale. La cantidad que no está totalmente justificada en las cuentas de la ASF representan casi 40% del dinero que le fue transferido por este fondo.

Durango fue el único lugar en el que la ASF encontró una “gestión razonable”.