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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó que el caso Iguala no puede darse por cerrado ni hablarse de conclusión debido a que falta lo que digan los jueces y el equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el esclarecimiento del destino de los 43 estudiantes desaparecidos.

“Las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos”, manifestó.

Dijo que el expediente que inició el organismo sigue abierto y continuará con la revisión exhaustiva de las actuaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de poder determinar las violaciones a los derechos humanos cometidas. Indicó que en su caso, no sacrificarán calidad por precipitación.

Al presentar su informe anual de labores 2014 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente de la CNDH expresó que “los hechos de Iguala son el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones. Hay que desmontar este entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción”.

Informó que el 2 de febrero acudirá a Ginebra a las sesiones del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde abordará la problemática que prevalece en la materia.

Sobre los mismos hechos, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que la conclusión de las investigaciones dadas a conocer por la PGR no constituyen una “verdad histórica”, sino una versión oficial y que es difícil confiar en ella dadas las irregularidades que se han evidenciado desde el inicio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, manifestó que sería un grave error considerar que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es un asunto cerrado y criticó la premura con la que se hizo este anuncio, pues “hace sospechar que es más mediático que jurídico”.

Criticó que el procurador se base primordialmente en confesiones, cuando en México la práctica de la tortura para obtenerlas es habitual.

En una carta abierta dirigida al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, la directora del programa regional para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara, expresó su preocupación porque la conclusión de sus investigaciones se base en declaraciones de personas imputadas y un mínimo de pruebas periciales.