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El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, señaló que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción depende de la voluntad política del gobierno federal y el PRI, pues sin su aval, no se podrá construir un dictamen.

“Si el gobierno y el PRI están dispuestos a retirar la propuesta de consejo que tenían y están dispuestos a establecer sanciones duras a la gente que le meta mano a los recursos, habrían todas las condiciones para poder dictaminar en estos días y tenerlo listo para que en la primera semana de febrero se discuta y se apruebe”, apuntó el perredista.

En conferencia de prensa, Alonso Raya anotó que tanto el gobierno federal como el PRI “deben tomar conciencia”, que el combate a la corrupción es un reclamo social más allá de cualquier partido político; de ahí que todas las fuerzas políticas “deberíamos aportar para encontrar la solución real y así hacer que funcione”.

Anunció que por lo anterior, su partido planteará la construcción de un gran acuerdo nacional para sentar las bases reales del crecimiento económico, el empleo y el mejoramiento en el ingreso de las familias; combata la inseguridad e impunidad, y erradique la corrupción en todos los niveles de gobierno.

El líder parlamentario asentó que para poder realizar este acuerdo se requiere la mediación de personalidades con un nivel de autoridad superior al de los actores políticos, como por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles.

“Los llamados a la unidad y cerrar filas se vuelven como los llamados a misa, va el que quiere. Se debe contar con gente que con sensatez y respeto sea escuchada y siente las bases para discutir un acuerdo de esta naturaleza”, mencionó.

De ahí que su bancada solicitará en los próximos días, a la Comisión Permanente, la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, para explicar la situación del país y sus previsiones; así como de los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé; y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, para informar sobre el caso Ficrea.

Alonso Raya agregó que han sido contradictorias las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto al aumento que se dio en enero en los precios de las gasolinas.

De tal manera que las acciones anunciadas el pasado domingo por el Ejecutivo federal en favor de la economía nacional para el año en curso, “son insuficientes”, pues aunque no las descalifica, sí esperaba otro tipo de mensaje.

“Esperaba medidas de cómo pueden repercutir las reformas en el bolsillo de los ciudadanos y cómo combatir la impunidad y la corrupción, además de una autocrítica respecto a su gabinete”, concluyó.