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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informará hoy ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en México existe un serio problema de desaparición de personas y que se ha agudizado en los últimos años debido a los vacíos legislativos y de política pública que no han impedido su repetición.

En el informe que presentará hoy ante los miembros del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, denuncia que además hay un “problema de grandes proporciones” por la existencia de un número importante de fosas clandestinas en distintos estados, cuyos cuerpos deben ser identificados.

En el reporte al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la CNDH critica que el gobierno no haya puesto todavía en marcha el registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas y que por ello, el Estado no cuenta con un control eficaz, exhaustivo y transparente que permita conocer con un grado de alta certeza el número real de personas desaparecidas en el país.

González Pérez expresará ante el comité que el caso Iguala es producto de la impunidad que impera desde las desapariciones forzadas que ocurrieron durante la “guerra sucia” de los años 70, ya que no se tomaron medidas para evitar que continuaran.

Asegura que hay dilación del gobierno porque hasta ahora se ha negado a ser sometido de manera plena al análisis de su actuación en las desapariciones forzadas, al no aceptar la competencia de dicho comité de Naciones Unidas para que reciba casos de víctimas en lo individual.

Sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, el ombudsman nacional refiere que el organismo abrió una oficina especial para dar seguimiento a este caso y un expediente para verificar que las autoridades cumplan con su deber de brindar protección y seguridad a las personas y eviten que estos hechos queden en la impunidad y se conozca la verdad.

“El antecedente de las desapariciones forzadas durante la década de los 70 y principios de los 80, acreditadas por esta comisión nacional en la recomendación 26/2001, demuestran que la impunidad en esos casos ha generado condiciones para que delitos tan graves como el que nos ocupa se sigan cometiendo, y que no haya operado la garantía de no repetición como se demuestra en el caso de los lamentables hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que visibilizaron cómo se ha agudizado en los últimos años esta práctica”.

Informa que la CNDH ha emitido 13 recomendaciones por desaparición forzada que involucran a 37 víctimas, dirigidas a diversas autoridades federales como la secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República (PGR); a los gobiernos de Colima, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas, así como al Congreso del estado de Guerrero y autoridades municipales de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; San Pedro Garza García, Nuevo León; El Plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas; y los alcaldes de Ayutla de los Libres, Guerrero, y de Santa Catarina, Nuevo León.

Sobre los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, González Pérez refiere que el registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas, como los registros de la CNDH se alimentan, principalmente, de la información proporcionada por las procuradurías y fiscalías de las entidades, por lo que considera que es de vital importancia que esas instituciones cuenten con criterios claros, homologados y públicos sobre la manera en que califican las denuncias de desaparición, la investigación que realizan y la manera en que reportan los casos.

“La falta de concordancia en las cifras ofrecidas por la CNDH con respecto de aquellas mencionadas por el gobierno de México en cuanto al número de personas desaparecidas o no localizadas en el país, además de la falta de precisión sobre el número de casos donde existan indicios de desaparición forzada, demuestran que no existe hasta el momento un análisis claro sobre la realidad de este fenómeno, razón por la cual se debe proceder a la verificación de los datos señalados con una metodología apropiada y una adecuada articulación entre las instancias de gobierno federal, estatal y municipal y la propia CNDH”, señala el documento que será expuesto en Ginebra, Suiza.

Agrega que si bien la PGR ha implementado un sistema con información de perfiles genéticos y de análisis de muestras biológicas, es necesario que a la brevedad se cuente con un sistema nacional de información genética, tal y como lo anunció el Presidente el 27 de noviembre de 2014, que considere: constituir un archivo de material genético y muestras biológicas de familiares de personas que han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas; garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética de restos humanos encontrados en fosas comunes y clandestinas, que permita identificar a las personas fallecidas y constituir un medio de prueba para el esclarecimiento de los delitos.

Además, propone que se confirme un grupo especializado de búsqueda de personas y que se apruebe cuanto antes la Ley General contra Desapariciones Forzadas.