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El ex procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, aseguró que cumple con todos los requisitos para convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y defendió su actuación en el denominado Michoacanazo.

La Comisión de Justicia del Senado inició ayer formalmente el análisis de la terna que envió el Ejecutivo para designar al nuevo ministro de la SCJN. Comparecieron los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, así como el diplomático.

En su caso, Medina-Mora dio respuesta a los planteamientos de los legisladores en torno a su paso por la PGR. “En el caso que usted llama Michoacanazo se estableció una acción penal en contra de alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán, de los tres partidos políticos no solamente de uno, con los criterios de la buena fe a la que está obligado el Ministerio Público, una cabal acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad”, expuso.

Agregó que nunca actuó con el objetivo de capturar adversarios políticos y muestra de ello, dijo, que en este caso estaban involucradas autoridades municipales de todos los partidos políticos. Medina-Mora nuevamente rechazó haber estado enterado de la operación conocida como “Rápido y Furioso”.

Medina-Mora, única propuesta externa al Poder Judicial de la Federación, aseguró que su experiencia en distintos cargos le permitiría dar una nueva perspectiva al debate del pleno de la SCJN. Y como parte de la defensa de su candidatura, detalló que en la historia existen cinco ministros que previamente fueron procuradores generales de la República.

La vicecoordinadora de la bancada del PRD, Dolores Padierna, y la senadora perredista Angélica de la Peña enlistaron los puntos que desde su juicio debilitan su posibilidad de llegar a la Corte: las acciones de inconstitucionalidad que como procurador promovió contra varios ordenamientos del Distrito Federal, como la libertad de la mujer para decidir si interrumpe o no su embarazo; su “fracaso” con el caso Operación Limpieza y el Michoacanazo, entre otros.

Al respecto, Medina-Mora aseguró que la acción de inconstitucionalidad para impugnar la libertad de abortar no refleja su punto de vista personal; que la situación reciente del país muestra que desde su paso por la PGR había evidencias del vínculo de autoridades municipales con el crimen organizado e, incluso, señaló que uno de los juzgadores que negó el auto de formal prisión en el Michoacanazo, hoy tiene un proceso de responsabilidad abierto en el Consejo de la Judicatura Federal por dudas sobre su honestidad.

El órgano deliberativo busca llevar el próximo jueves al pleno los tres dictámenes de elegibilidad.

Previamente, el magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, quien ha formado parte de los juzgadores que revisan el caso Elba Esther Gordillo, aseguró que es un hombre honesto. Por ello, presentó a los senadores sus últimas declaraciones patrimonial y fiscal, y una sobre posible conflicto de interés en caso de ser designado por la Cámara Alta como nuevo ministro de la Corte.

Hernández Orozco dijo que los ministros de la SCJN tienen una alta responsabilidad, ya que son los garantes de mantener el consenso constitucional a través de la revisión de las decisiones, incluso, de otros poderes. Por esta razón, expuso, la Corte “debe ser prudente y medir las consecuencias” de sus resoluciones tanto políticas como económicas: “La Corte debe ser cautelosa”.

En tanto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes señaló que el juez que aspire al cargo de ministro debe ser un jurista con la capacidad de hacer expansivos los derechos humanos de cada individuo y busque hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, sin llegar al extremo de un “populismo judicial”.