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A dos meses de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51/2014 por el caso de la ejecución de al menos 15 personas por parte de elementos del Ejército en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, ésta continúa en estado de cumplimiento parcial.

Hasta ahora, sólo se ha cumplido el punto correspondiente a la liberación de las dos sobrevivientes por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y al inicio de procesos penales y formal prisión contra siete militares involucrados conforme a lo solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), indicaron autoridades del organismo nacional.

En lo que corresponde a las recomendaciones dirigidas específicamente al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se iniciaron los procedimientos administrativos y las averiguaciones previas contra elementos adscritos a la Fiscalía Regional de Tejupilco y la Fiscalía de Asuntos Especiales de la entidad, acusados de torturar e intimidar a las dos mujeres sobrevivientes de los hechos, pero las autoridades no han informado sobre algún servidor público sancionado aún.

De acuerdo con las investigaciones de la CNDH, el 30 de junio de 2014 se suscitó un enfrentamiento entre personas que estaban en una bodega y miembros del 102 Batallón de Infantería. Luego de la refriega, ocho elementos de la Sedena ejecutaron a por lo menos 15 personas, pues ya estaban desarmadas y se habían rendido, mientras que otras siete murieron durante el combate.

La CNDH destacó que la Sedena pretendió ocultar la verdad sobre los hechos y constató que agentes del Ministerio Público del Estado de México torturaron a dos sobrevivientes de estos hechos para obligarlas a firmar una confesión donde ambas reconocían formar parte de la supuesta banda de secuestradores que operaba en dicha bodega, y no informaran sobre lo que realmente ocurrió con la muerte de los civiles.

Tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la CNDH certificaron la tortura de la que fueron víctimas las dos personas por parte de agentes de la procuraduría estatal; y están libres desde el 15 de diciembre pasado, después de ser procesadas por diversos delitos.

Rechaza Edomex versión

La procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) rechazó que haya incurrido en un acto de encubrimiento en contra de las fuerzas castrenses por el caso Tlatlaya, y precisó que si en su momento no refirieron que hubo una ejecución en el lugar se debió al corto tiempo que tuvieron en sus manos la investigación, pues cuatro días después de los hechos la PGR ejercitó su facultad de atracción.

También se deslindó de las acusaciones sobre supuestos actos de tortura en contra de dos mujeres sobrevivientes, que revelaron el maltrato del que fueron objeto por parte de funcionarios mexiquenses a la agencia de noticias Associated Press (AP).

Autoridades de la PGJEM aseguraron que las mujeres comparecieron en calidad de víctimas no de indiciadas y nunca se les imputó delito alguno, por lo que fue en ese estatus jurídico bajo el que rindieron su declaración ministerial y en 48 horas quedaron en libertad.

Indicaron que fue la PGR la instancia que les fincó una responsabilidad, por lo que fueron detenidas y posteriormente internadas en un penal federal en el estado de Nayarit, donde permanecieron cinco meses.

En torno a las recomendación de la CNDH informó que el área de asuntos internos continúa con la investigación y tomando declaración a todo el personal que tomó conocimiento de los hechos violentos y realizaron las primeras diligencias ministeriales.