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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, se comprometió con los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a apoyar “en todo lo que aporte al esclarecimiento y localización” de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

En una reunión privada, ambas partes manifestaron también la necesidad de establecer líneas de comunicación abierta y permanente sobre los avances de las investigaciones.

Ello, con la finalidad de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos y determinar las violaciones a los derechos humanos en las que hayan incurrido servidores públicos.

Ayer, en punto de las 10:00 horas, arribaron al edificio Héctor Fix Zamudio de la CNDH los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrado por el abogado colombiano Alejandro Valencia Villa; el sicólogo español Carlos Martín Beristain y la abogada guatemalteca Claudia Paz y Paz.

El grupo mantiene una serie de reuniones con funcionarios como parte del acuerdo de cooperación técnica signado el 18 de noviembre de 2014 con el gobierno mexicano, los padres de familia de los estudiantes desaparecidos y las organizaciones civiles que los representan desde el pasado.

Dicho adéndum consiste en que los expertos analizarán las investigaciones que se han realizado y harán las recomendaciones necesarias.

En la reunión con el ómbudsman nacional, que fue acordada desde enero pasado, intercambiaron puntos de vista en torno a las indagatorias sobre este caso, informó la CNDH en un comunicado de prensa.

Ambas comisiones acordaron mantener una comunicación abierta y permanente para abordar cada una de las investigaciones que se han realizado en torno a los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

El documento en el que se informó del encuentro, se enfatizó la necesidad de llegar a una determinación de violaciones de derechos humanos, en el caso de los jóvenes que desaparecieron en Iguala entre la noche y la madrugada del 25 y 26 de septiembre. Por lo que el compromiso entre ambas partes es el de colaborar en el esclarecimiento de los hechos.