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Mientras en países como Estados Unidos el conflicto de interés ha sido regulado desde finales de los años 70, senadores del PAN y del PRD presentaron ayer una iniciativa para modificar la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos con el objetivo de regularlo.

Con esta norma se obligaría a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y declaración de interés anual.

La iniciativa se presenta en el contexto del anuncio del Presidente de la República, quien ordenó al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, que investigue si hubo conflicto de intereses en la compra de las casas de Las Lomas, de su esposa Angélica Rivera; de su propiedad en Ixtapan de la Sal, y una más en Malinalco, que adquirió el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con empresas que ganaron contratos del gobierno federal.

De acuerdo con la iniciativa, los servidores públicos que falten a la verdad en sus declaraciones podrán ser sancionados desde suspensión temporal hasta inhabilitación del cargo por dos o seis años cuando “su importancia lo amerite”.

La iniciativa, suscrita por los senadores Laura Rojas y Marcela Torres (PAN), y Zoé Robledo, Armando Ríos, Alejandro Encinas y Benjamín Robles (PRD), establece que en la declaración de intereses, el servidor público deberá manifestar los nombres o razones sociales de las personas físicas o morales con las que sostuvo alguna relación durante los últimos cinco años, así como los valores monetarios de los intereses que puedan ser traducidos como tales.

“El declarante deberá manifestar las obligaciones contenidas con respecto a los intereses de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos”.

Se menciona que el servidor público que en cualquiera de sus declaraciones falte a la verdad, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de 10 días ni mayor de tres meses.

Empero, cuando por su importancia lo amerite, será destituido e inhabilitado de dos a seis años, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales procedentes.

La iniciativa señala que las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, serán en diversos formatos. Se busca que los funcionarios declaren intereses derivados de otras fuentes personales de ingresos.