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La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) analiza un paquete de reformas internas a fin de garantizar un juicio de responsabilidad en contra de jueces y magistrados en línea, para agilizar la investigación a la que sean sujetos y crear una figura que permita evitar que en todos los casos los juzgadores recurran al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir la revisión de las resoluciones emitidas en su contra.

Con el procedimiento en línea, un juez o magistrado podrá presentar pruebas a su favor sin tener que trasladarse de otra entidad a la ciudad de México para exponer sus alegatos y, además, se evitará que los juzgadores intenten conversar informalmente con los consejeros. También podrán usar esta plataforma quienes denuncien a un servidor público determinado.

La comisión encargada de la disciplina de los jueces también trabaja en ajustes a un Acuerdo General ya emitido con el fin de diseñar una segunda instancia dentro del propio Consejo y evitar así congestionar al Pleno de la SCJN con la revisión de inconformidades de los juzgadores. Este paquete de reformas será sometido a votación del Pleno del CJF para completar el trámite de su aprobación.

La Constitución garantiza que jueces y magistrados puedan acudir al Pleno de la SCJN para revisar resoluciones del Consejo de la Judicatura en readscripciones o destituciones.

Pero la reforma que se analiza y llevará al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establece una nueva instancia para los casos que no prevé la Carta Magna.

El presidente de la Comisión de Disciplina del CJF, Alfonso Pérez Daza, confirmó la elaboración de este material y dijo que se busca fundamentalmente garantizar los derechos de los juzgadores, pero al mismo tiempo “transparentar los procedimientos disciplinarios de responsabilidad, también hay presunción de inocencia para las denuncias contra los servidores públicos y sólo podemos hablar de un combate a la corrupción hasta que exista por parte del Consejo, después de un procedimiento de desahogo de pruebas, resoluciones en donde el Pleno determine una sanción a un funcionario”.

El artículo 100 de la Constitución establece que las decisiones del Consejo son “definitivas e inatacables” y, por tanto, no procede ningún juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, excepto cuando se trata de la designación, adscripción, ratificación o remoción de jueces y magistrados, las cuales podrán ser revisadas por el pleno de la Suprema Corte.

“La Constitución prevé el recurso de revisión ante la Corte por adscripciones, remociones o destituciones, pero para aquello que no prevé la Carta Magna que sea el mismo Consejo el órgano que lo revise, por ejemplo, amonestaciones públicas o privadas. Por ello, estamos analizando una segunda instancia de revisión para que pueda cumplirse con ese principio de que todo pueda tener un segundo recurso”, detalló Pérez Daza.

Al respecto, y a seis meses de que el Senado lo nombrara consejero federal, Pérez Daza aseguró que los juzgadores tienen un voto de confianza y dijo que está seguro que prácticamente el 100% son confiables y honestos en su trabajo.

Para el consejero, el Poder Judicial de la Federación tiene “casos concretos” de mal comportamiento frente al universo de casi mil 300 juzgadores que pregonan el buen ejemplo.

“En materia disciplinaria pretendemos transparentar el procedimiento, queremos hacer una reforma interna y modificar los acuerdos generales de la Judicatura”, agregó.

Integran la Comisión de Disciplina del CJF Alfonso Pérez Daza, Manuel Saloma Vera y Felipe Borrego Estrada. De acuerdo con un recuento del investigador del CIDE, Manuel Caballero, en 2014 se registraron 185 procedimientos administrativos tan sólo en contra de las llamadas readscripciones exprés —cambio de juzgado de una entidad o región a otra totalmente distante— de los juzgadores.