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En comisiones, el Senado aprobó incluir en la Constitución la facultad del Congreso de emitir leyes generales para que el Estado ataque los delitos de desaparición forzada, así como la tortura y tratos crueles y degradantes, temas en los que México es parte de tratados internacionales pero carece de los instrumentos para observarlos.

La reforma es el primer paso de una legislación que clasificará la desaparición forzada como delito de lesa humanidad e imprescriptible, y con esa fuerza el Estado deberá investigar, perseguir y sancionar actos de autoridades y de particulares. Será aplicable a hechos como los de Iguala.

Precisamente, la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa activó la exigencia porque el Congreso de la Unión legisle para proteger el derecho a la libertad de las personas, y casi cuatro años después, ayer fue aprobado por unanimidad el dictamen de esta reforma constitucional.

La reforma ordena crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, incluso víctimas de secuestro y otras formas de privación de la libertad.

Se prevé que hoy el pleno senatorial reciba el dictamen el cual quedará de primera lectura y que sea votado en la próxima sesión, el martes 28, y que sea enviado a la Cámara de Diputados. Será la 63 Legislatura, que se instalará en septiembre, que conozca del tema. Aprobado y enviado a los estados para su ratificación, el decreto abrirá el camino a legislar esta materia.

El dictamen, aprobado por las comisiones de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y las tres de Estudios Legislativos del Senado, establece el concepto de desaparición forzada, que es “de extrema gravedad” y es cuando “el Estado no sólo priva de la libertad e incluso con frecuencia de la vida a una persona, sino que lo hace en forma clandestina, sin dejar rastro, ni de la persona ni de su suerte”.

Con base en los estudios del derecho internacional, se reconoció en el dictamen que “este es un delito especialmente diseñado para anular la protección de la ley y de las instituciones y para dejar a las víctimas en absoluto estado de indefensión”.

Cristina Díaz (PRI), dijo que también se trata del primer paso para erradicar la tortura en el país, segundo delito incluido en la reforma, y que tiene mayor incidencia en el ámbito local.