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El matrimonio entre personas del mismo sexo en México es una realidad que está venciendo resistencias. Aunque sólo en tres entidades existe legislación que permite esta unión con todos los derechos, en los últimos años el inicio de juicios y amparos ha sido la forma en que esta comunidad que busca tener un matrimonio civil igualitario ha logrado acceder a este derecho considerado en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que reconoce a toda persona y a todo núcleo familiar con el mismo valor y la misma dignidad.

Son el Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila las únicas entidades en el país que permiten la unión entre dos personas del mismo sexo, y que incluyen las mismas garantías que en una relación heterosexual como: seguro social, vivienda, procrear, adoptar y derechos para los hijos.

En Campeche, Jalisco y Colima se permite la unión; sin embargo, sus códigos civiles contienen artículos que limitan el goce pleno de garantías, y no se toman en cuenta derechos para las parejas y para los hijos, como en cualquier matrimonio.

En el resto del país las parejas homosexuales han tenido que recurrir a juicios o amparos para que se les garanticen estos derechos, que no prevén las legislaciones locales.

La falta de apertura en los gobiernos de los estados para modificar sus leyes y permitir los matrimonios igualitarios no tendrá más relevancia, ya que a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las leyes estatales que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales, no hará falta una ley para que las personas puedan exigir el respeto a esta garantía y se les permita unirse en matrimonio.

La jurisprudencia aclara que unir los requisitos del matrimonio con las preferencias sexuales y la procreación es discriminatorio y una violación a los derechos que excluye a las parejas del mismo sexo.

Organizaciones no gubernamentales reconocen que el dictamen emitido por la Corte es importante en términos legales, ya que aclara que no se deben prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo, consideran que sí es necesario que los estados modifiquen sus leyes locales para que se aplique en todo el país, de lo contrario, no existe la igualdad y podrán recurrir, como hasta ahora, al amparo.

Además, los gobiernos estatales deberían reconocerles derechos constitucionales como seguridad social, derecho a tener hijos, adoptar y garantías para los hijos del matrimonio.

“Hay un tema del marco legal y hay otro tema del cumplimiento del marco legal. Hace falta que en todos los códigos civiles locales se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo, como la unión entre personas heterosexuales. Que se le dé exactamente el mismo alcance en términos legales para que puedan adoptar y acceder a la seguridad social, pero también hay jueces que se niegan a cumplir con estos requisitos”, señala Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México (AI).

“Hay que celebrar que tenemos a una Suprema Corte de Justicia que está ratificando que todos los derechos deben ser garantizados para todas las personas sin ningún distingo. Eso no es reflejo del principio democrático y laico con el que los gobiernos rigen y con el que los Congresos legislan en los estados, esa es la distancia que debemos atender, porque esa es la distancia que prevalece en nuestra sociedad a partir de prejuicios, y lo que generan es una desigualdad institucional, una desigualdad gubernamental”, destaca Lol Kin Castañeda, una de las primeras mujeres lesbianas en casarse en el país e integrante de la Sociedad Unida por los Derechos Humanos.

“Me parece que se debe celebrar que la Corte determinó que no hay ninguna razón para que tú (estado) sostengas figuras desiguales. Eso no puede seguir sucediendo, la petición es a la Presidencia de la República para que haga los decretos necesarios para garantizar que los gobiernos se pongan a la altura de la Constitución política”.

Mariaurora Mota, directora de Género, Ética y Salud Sexual en Nuevo León menciona: “Hay que ser realistas, no toda la gente la entiende y se da cuenta de la importancia de la jurisprudencia. Todavía te encuentras a diputados que dicen que van a empezar discutir una iniciativa de ley de algún tipo de contrato que no se llame matrimonio, todavía hay personas que dicen esto cuando la Corte dice que es inconstitucional”.

Las organizaciones consultadas por EL UNIVERSAL afirman que la jurisprudencia debe acompañarse de una campaña de difusión en todo el país, y no por estados o por la “buena voluntad de las autoridades”, ya que de lo contrario sólo quedará en el papel.

“No hay una política pública que esté enfocada a que estas leyes se cumplan. Aunque en algunos lados encontramos esfuerzos, éstos no son generalizados a lo largo y ancho de país, son esfuerzos que dependen de la voluntad política, pero no son planes a largo plazo. Tampoco hay una reacción ante una estadística que coloca a México como el segundo país más violento en estos temas después de Colombia. Son estadísticas y datos que poco conocen las autoridades, y que por ello, este tema se ha tenido que visibilizar”, detalla Perseo Quiroz.

Los activistas consideran que México puede ser un país vanguardista en los matrimonios civiles igualitarios, como sucede en Argentina donde se modificaron y crearon leyes, pero el país enfrenta un problema de intolerancia y desigualdad para aceptar las relaciones entre homosexuales y lesbianas.