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Entre 2009 y 2014, se iniciaron 2 mil 115 averiguaciones previas por el delito de trata de personas, pero sólo en 7% de los casos hubo sentencias, lo que revela el grado de impunidad en el país, aseguró Emilio Maus Ratz, director del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El funcionario dijo que, de acuerdo con el Inegi, se calcula que en México existen 777 mil mujeres que son forzadas a ejercer la prostitución, pero se estima que hay otras 266 mil víctimas de otras formas de explotación.

Al participar en la presentación del “Modelo de diagnóstico situacional de la trata de personas en Querétaro”, resaltó que pese a las dimensiones del problema, hay servidores públicos que niegan esta realidad, “lo que se traduce en inactividad y por ende en impunidad”.

Indicó que el Protocolo Palermo para combatir la trata de personas en los países que lo suscribieron, tardó 10 años en ser homologado en legislaciones en México.

Natalia Stengel, experta del Centro de Investigación Social Aplicada, indicó que a raíz de un diagnóstico realizado en Querétaro se comprobó que hay poca información sobre este tema y no hay colaboración entre las instituciones para perseguir la trata de personas, situaciones que promueven la impunidad y fomentan la práctica de este delito.

Comentó que durante los 18 meses que duró la investigación en dicha entidad se registraron 54 desapariciones, cuyos perfiles no pudieron ser bien determinados debido al poco acceso a datos confiables y precisos sobre el problema.

Dijo que es necesaria una organización integral, el apoyo de instituciones académicas, de seguridad, de asistencia a víctimas y promotoras de derechos humanos para coordinar esfuerzos y combatir este problema que afecta a mujeres, niños, indígenas y migrantes, principalmente.

En la Universidad Iberoamericana, la especialista explicó que este esquema busca crear conciencia entre la población sobre el problema de la trata de personas, contar con información confiable que permita una mayor comprensión de lo que implica este tipo de esclavitud y las posibles acciones que se pueden promover desde el estado.