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Organizaciones de la sociedad civil —que forman parte de la Alianza por el Gobierno Abierto— expresaron su preocupación por posibles cambios al proyecto de Ley General de Transparencia, propuestos por el Ejecutivo Federal.

Esos cambios, como el impedir que se abra la información en casos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, advirtieron en un posicionamiento, pueden “socavar” logros clave alcanzados por las reformas constitucionales de transparencia de 2007 y 2014.

“Como co-presidentes de sociedad civil de AGA, hacemos un llamado al gobierno y al Congreso para que aprovechen esta oportunidad de ratificar su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y los procesos de co-creación con la sociedad civil”, señala el posicionamiento.

El documento en cuestión está firmado por Suneeta Kaimal, directora adjunta del Instituto de Gobernanza Recursos Naturales de Estados Unidos, y Alejandro González, director ejecutivo de Gestión Social y Cooperación (GESOC).

Recordaron que el Congreso y la sociedad civil colaboraron en la elaboración de la Ley General de Transparencia que regula la aplicación de la reforma constitucional y que el proyecto de ley que se presentó en diciembre 2014 contó con un amplio consenso entre todas las partes involucradas.

“Sin embargo, durante la última semana hemos escuchado expresiones de profunda preocupación de las organizaciones de la sociedad civil mexicana y de los comisionados del IFAI en vista de cambios al proyecto de ley de último minuto propuestos por el Ejecutivo”, señalaron en el documento.

Piden apertura. La senadora Laura Rojas (PAN) pidió a las comisiones dictaminadoras de la Ley General de Transparencia que anuncien el día en que entreguen el proyecto de dictamen, que deberán hacer público para que sea ese documento oficial sobre el que se desahogue la discusión de cara a la opinión pública.

Los senadores del grupo redactor ya han acercado sus posiciones lo más posible, por lo que ahora corresponde a las comisiones dictaminadoras iniciar el proceso formal, a fin de desahogarlo y resolverlo por la vía legislativa.