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El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) envió un “adendum” para que los senadores incluyan modificaciones en la versión final del dictamen de la Ley General de Transparencia.

Estas precisiones están relacionadas con el sistema de sanciones, la prevalencia de la ley y modalidades de acceso a la información, entre otras.

Las comisiones unidas de Anticorrupción, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron este jueves, por unanimidad, el dictamen de la ley. Se prevé sea avalado este miércoles por el pleno.

Las peticiones

Los comisionados recomendaron que las personas puedan hacer solicitudes vía telefónica, como lo permite actualmente el Instituto de Transparencia del Distrito Federal (InfoDF). Esta propuesta estaría asentada en el artículo 122.

Otro tema que preocupa al IFAI es el sistema mixto de sanciones que propusieron legisladores, ya que ante privados podrá emitir directamente sanciones, pero no así a funcionarios públicos. Estos sujetos deberán ser amonestados o sancionados por otras instancias como la Secretaría de Función Pública o la Procuraduría General de la República, como ocurre actualmente (artículos 207, 209, 210, 211).

La preocupación radica en que esto no queda claro para todos los órganos garantes que tendrán que aplicar la misma norma y por ello, el IFAI solicita sea explícito el Poder Legislativo en el dictamen de la ley.

Los comisionados también expresaron que el sentido de las resoluciones de los órganos garantes debe incluir la expresión que indique la obligatoriedad de atender ante omisión, una respuesta a la solicitud de información.

De no incluirse este apartado, no tendría sentido el resto de las fracciones del artículo 151.

En el artículo 41 y 181 indican, relacionado a cuestiones técnicas, que no sea obligatorio un quórum para emitir órdenes de atracción de recursos en órganos garantes de los estados o para presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte.

Una petición tiene que ver con la prevalencia de la ley, es decir, que la Ley General de Transparencia esté por encima de otras, para evitar que precisamente se argumenten otros marcos normativos para cerrar información.

“(Deben de) establecer de manera categórica y no potestativa, que en las leyes federales no podrán establecerse supuestos de reserva o confidencialidad que contravengan los principios y disposiciones de la Ley General”.

Ximena Puente, comisionada presidenta del IFAI —quien firma la misiva a nombre de los siete comisionados— menciona los avances, pero también los retos que ha enfrentado el nuevo marco normativo.

“Lo anterior no exenta que, en el resultado final, algunos aspectos, no los más trascendentales, no dejen satisfechos a todos, pero es condición de la vida democrática”, expresó.