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Amnistía Internacional pidió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto realizar una investigación exhaustiva e imparcial que lleve a todas las personas responsables ante la justicia incluyendo, en su caso, a mandos militares, a un año de la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.

“Ante la muerte de estas personas, es fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y que se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos”, afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

Recordó que el 30 de junio del año pasado, 22 personas —incluida una joven de 15 años— murieron tras un presunto enfrentamiento con elementos militares, en una bodega en la localidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

“El Ejército informó que todas las muertes sucedieron en un enfrentamiento con integrantes de la delincuencia organizada”, comentó Perseo Quiroz.

Sin embargo, dijo que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la Cámara de Diputados concluyeron que la mayoría de las personas no fallecieron durante un enfrentamiento como lo señaló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino que presuntamente se cometió un presunto homicidio cuando no representaban una amenaza para los efectivos militares.

Amnistía Internacional recuerda al Estado mexicano que el mantenimiento del orden público no debe ser un pretexto para violar los derechos humanos, señaló.

Dijo que el uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad y, en todo caso, como señalan las normas internacionales de derechos humanos.

“Es fundamental que las víctimas del caso Tlatlaya y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, conozcan la verdad de los hechos a través de una investigación seria e imparcial, y que se otorgue una reparación integral que incluya medidas concretas para que este tipo de hechos no se repitan”, dijo Quiroz.

Indicó que AI reitera su llamado al Estado mexicano a evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales —como detenciones, investigaciones e interrogatorios—, debido a que sus miembros carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos. De manera inmediata, afirmó, se debe garantizar que las Fuerzas Armadas desplegadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda alegación de violaciones a los derechos humanos sea investigada de manera efectiva.