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Representantes de la Unión Europea interrogaron a funcionarios mexicanos respecto a los avances en la investigación sobre los casos de Tlatlaya, Estado de México, y de Ayotzinapa, Guerrero.

Durante la quinta edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de Derechos Humanos, desarrollado en el ex convento de Tlatelolco, México contestó las dudas respecto a los casos específicos y conversó sobre tortura, desaparición forzada, migración, empresas y derechos humanos.

Mediante un comunicado conjunto, México y la Unión Europea acordaron fortalecer tres áreas específicas en su cooperación bilateral: las capacidades sobre la prevención y combate a la tortura, las bases de datos y registro de personas desaparecidas, así como el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Además, coincidieron en poner en marcha proyectos específicos en los temas de Estado de derecho y combate a la impunidad, derechos de las personas migrantes y empresas, y derechos humanos.

La SRE y la Unión Europea acordaron que en el marco del “Laboratorio de Cohesión Social II” —cofinanciado por México y la UE— poner en marcha este año dos proyectos en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como en el ámbito de empresas y derechos humanos.

“El Diálogo Bilateral de Alto Nivel ha funcionado muy bien a lo largo de los últimos cinco años, no lo teníamos y costó mucho trabajo construirlo en función de una serie de inercias burocráticas. Ha aportado muchos beneficios a la relación bilateral”, subrayó el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo.

Ambos gobiernos fortalecerán además los foros multilaterales relevantes, en particular el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para “asegurar así la efectiva consecución de su importante mandato en materia de promoción y protección de los derechos humanos”.

El diálogo fue presidido de manera conjunta por el también embajador de carrera Gómez Robledo y por Stavros Lambrinidis, representante especial para Derechos Humanos de la Unión Europea.

Ambos gobiernos analizan también incluir para su sexta edición del diálogo la participación de la sociedad civil dentro del mismo.