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Académicos mexicanos afirman que falta coordinación, comunicación y cooperación entre las diferentes dependencias del gobierno federal y entidades federativas para poder combatir el problema de las desapariciones forzadas en el país, por lo que los mecanismos legales y jurídicos existentes no han logrado tener el efecto previsto ante esta situación.

Expertos en derechos humanos y académicos mexicanos se encuentran actualmente en Ginebra, Suiza, donde este lunes y martes se llevará a cabo la sesión sobre las desapariciones forzadas para evaluar la implementación de las obligaciones nacionales de México ante este organismo internacional.

En entrevista con EL UNIVERSAL desde Ginebra, Carlos Pérez, académico en la UNAM, comentó que si bien existen mecanismos y legislaciones para condenar y castigar las desapariciones forzadas, que hicieron alrededor de 23 mil víctimas entre 2006 y 2012, todavía no se ha podido tener el impacto por la falta de conocimiento de estas medidas.

“Existen muchas lagunas legales, pero hay iniciativas de ley en el Congreso para tratar de establecer una Ley General sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias”, por lo que sugirió a la sociedad civil que “debe ser más exigente con quienes son los responsables de aplicar estas leyes y con los responsables de hacerlas, es decir, los jueces y las autoridades”.

Javier Oliva, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, argumentó que en el país no hay una comunicación ni coordinación eficiente de las diferentes dependencias del gobierno.

“Me parece que hace falta mayor cooperación, coordinación y comunicación entre las dependencias del gobierno y las organizaciones civiles, aunque hay avances desde 2011”.