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Tomaron las calles de la ciudad de México desde los cuatro puntos cardinales para confluir, después de ocho horas de marcha, en el Zócalo. Fue una larga jornada para expresar la indignación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, para exigir que aparezcan con vida y que se actúe contra todos los responsables por acción y omisión.

A lo largo de la ruta realizaron diversos mítines para levantar la voz. Al final, en la plancha de la Plaza de la Constitución, los padres de los jóvenes anunciaron que emprenderán nuevas acciones y que realizarán una campaña para evitar que se realicen elecciones en Guerrero.

Llamaron a que no se efectúen los comicios en los 17 estados, pues “votar por políticos, es votar por el crimen organizado”, afirmó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia.

Impulsarán, dijeron, algo más que marchas, pues pretenden que sea replanteada la transformación del país. “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no dejaremos de luchar hasta que nos entreguen a nuestros hijos”, sostuvo Hilda Hernández, madre de uno de los jóvenes durante el mitin realizado en el Zócalo.

Al cumplirse cuatro meses de la desaparición de los normalistas, se realizó la octava Jornada de Acción Global por Ayotzinapa, en la que participaron, según los organizadores, más de 50 mil personas y de acuerdo con autoridades, más de 25 mil en diferentes acciones que pusieron por momentos en jaque algunas zonas de la ciudad de México. En esta ocasión, el saldo fue blanco, la manifestación fue pacífica.

Desde las 6:00 horas algunos contingentes comenzaron a formarse para cumplir con la estrategia. Por la mañana se efectuaron cuatro marchas que salieron de igual número de puntos de la ciudad de México, de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), acompañados por los padres de normalistas, así como de estudiantes de diversas escuelas, como la UNAM y el IPN.

Demandas. A las 16:00 horas inició otra marcha en la glorieta de la columna de la Independencia, en la que destacaron sacerdotes, monjas y seminaristas encabezados por el cura Alejandro Solalinde, que se sumaron al movimiento. Un contingente al que también se unieron sindicatos como el de la UNAM, telefonistas, el SME, sobrecargos, campesinos y estudiantes.

En el mitin en la Plaza de la Constitución, padres de normalistas, como Carmelita, Hilda Hernández, Mario César y Marco Flores reiteraron que elementos del Ejército, del 27 Batallón de Iguala, Guerrero, participaron en los hechos del pasado 26 y 27 de septiembre, por lo que demandaron que se realice una investigación para deslindar responsabilidades.

Los padres de los desaparecidos señalaron que no se permitirá ni un crimen más de Estado, criticaron la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) y que no aceptarán que les sigan diciendo que sus hijos están muertos.

Sobre las elecciones en junio próximo, De la Cruz destacó que “sólo el pueblo puede gobernar al pueblo”, por lo que impulsarán que esto se de a través de asambleas populares y no permitirán que se realicen elecciones en Guerrero, pues no aceptarán que sigan al frente de las administraciones estatal y municipales “políticos corruptos y asesinos”.

“No queremos que nos siga gobernando el narco”, dijo De la Cruz, quien subrayó que ningún partido político es la solución a los problemas de México. Por eso, aseguró, no habrá elecciones, aunque las autoridades federales y estatales digan que se realizarán.

A nombre de los familiares y de las organizaciones que participaron en las movilizaciones, Melitón Ortega, tío del normalista Mauricio Ortega, leyó un pronunciamiento en el que subrayó: “Las investigaciones presentan inconsistencias y contradicciones y la hipótesis de la PGR no alcanza a mostrar la verdad ni da la certeza jurídica a la que tienen derecho las víctimas”.

“Además, las declaraciones de los detenidos son insuficientes para dar por sentado que nuestros estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula. Es necesario tener pruebas científicas irrefutables que a la fecha no se tienen, por lo tanto, los seguiremos buscando con vida y continuaremos denunciando a lo largo y ancho del país las atrocidades de este Estado delincuencial que mató y desapareció a nuestros hijos”, indicó Ortega.

Clemente Rodríguez, otro de los padres, acusó además que algunos han recibido amenazas anónimas en las que les exigen que acepten la muerte de sus hijos, que dejen de buscarlos y abandonen las manifestaciones, y que la administración del ex gobernador Ángel Aguirre, hasta le ofrecieron 100 mil pesos. “No queremos dinero, queremos a nuestros hijos vivos, que lo entiendan, no nos cansaremos”.