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El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, reconoce que la penetración del narcotráfico en las instituciones y el tejido social derivaron en una crisis que hoy afecta al estado, pero también advierte que hay grupos que en el conflicto se han radicalizado y deben cumplir con la ley, "ya hemos sido tolerantes al extremo", por lo que reconoce la necesidad de reforzar la seguridad en el territorio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, si bien no responde directamente si pidió o no apoyo para que policías federales intervengan en Guerrero, se cuestiona las razones por las que un gran sector de la sociedad ha perdido la confianza y la credibilidad en los políticos y las instituciones.

¿Cuál es su conclusión? 

-Tenemos instituciones que han sido penetradas por la delincuencia organizada y el caso de Iguala es emblemático, donde son los propios delincuentes los que en procesos electorales han llegado a gobernar en el ayuntamiento. Esta situación no es patrimonio sólo de Guerrero. Recordemos que el ex gobernador de Quintana Roo está purgando una condena en Estados Unidos por sus vínculos con la delincuencia organizada, específicamente con el narcotráfico. Es un fenómeno que penetró todo el tejido social.

Ortega Martínez apunta que el problema es que "todos sabemos cuando inicia un conflicto, el asunto es cuánto tiempo se prolongará, y más grave aún, cómo va a terminar". 

¿Cómo percibe usted que podría terminar en su entidad?

-Yo no quiero que este conflicto termine con la violencia y con una salida autoritaria. No quiero que esto termine como el conflicto del 68 en la plaza de las Tres Culturas. En Guerrero tenemos un repertorio inmenso de conflictos que inician y terminan con más violencia y con salidas autoritarias y represivas. Por esto, he impulsado el diálogo permanente para que se abandone la ruta de la confrontación, de las acciones que lastiman y vulneran los derechos de terceros, y que generan una gran presión social a la autoridad para aplicar la ley; al grado tal que nos han dicho: ‘Gobernador, aplicar la ley no es represión'.

Cuando los movimientos se radicalizan van al choque y a la confrontación, y a la violación de derechos de terceros. Estos grupos al verse cada vez más reducidos, incrementan su accionar y su beligerancia a través de la exigencia, la coacción y el choque.

Por ello, el gobernador advierte que "hemos llegado a un momento donde no se pueden permitir más esas acciones, porque se pierde la credibilidad en un proyecto de gobernabilidad democrática. Ya hemos sido tolerantes al extremo".

¿Quedó cerrado el caso de los normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué opina sobre la conclusión de la PGR?

-He sido el más optimista en que logremos encontrarlos con vida, aún en un canje, y no es demagogia; estoy dispuesto [si acaso los tienen retenidos y los quieren canjear] a ir donde me digan, daría mi vida por los 43 o por sólo uno de ellos. Yo ya viví y sé del dolor.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el escenario de la esperanza de encontrarlos con vida se va desvaneciendo; la autoridad federal nos ha demostrado la intensa búsqueda que se ha hecho y ahora se va construyendo la posibilidad del otro escenario no deseado y catastrófico; sin embargo, la vida sigue.

Hay familias que están en el dolor y en el sufrimiento, pero si se les habla con la verdad y si se puede encauzar de manera institucional en la ruta de reparación del daño y con generosidad podremos retomar la ruta de la reconciliación, la ruta del perdón, y el apoyo para que quienes han sufrido tanto por esta tragedia puedan dejar de tener incertidumbre.