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El gobierno de México, encabezado por Jorge Lomónaco, representante permanente del país ante Naciones Unidades y Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza, está dispuesto a escuchar las recomendaciones del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas y abierta al diálogo para resolver esta situación, ya que en el país se reportaron más de 23 mil casos entre 2006 y 2012.

Previo a presentar los resultados de la evaluación de sus obligaciones en materia de desapariciones forzadas, en el que se emitirán recomendaciones que el Estado mexicano deberá adoptar para resolver casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el embajador dice en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL desde Ginebra, la reunión no busca analizar casos específicos, sino evaluar la implementaciones de las medidas nacionales de las obligaciones establecidas por la Convención de Naciones Unidades sobre las Desapariciones Forzadas en vigor desde 2010.

¿De qué trata esta reunión de Naciones Unidades sobre las Desapariciones Forzadas?

Es importante subrayar que México acude a esta cita con un ánimo de apertura al diálogo. Es un comité que fue establecido por la Convención para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidades y el comité tiene como funciones principales hacer una serie de preguntas sobre la implementación de las obligaciones derivadas de la Convención. Es parte de un proceso que se lleva a cabo con todos los países que forman parte de la Convención. Esta semana participaremos no sólo México, sino también Serbia y Armenia en una cita que fue agendada hace muchos meses.

¿Cuáles serán los argumentos de México para explicar estas 23 mil desaparariciones forzadas entre 2006 y 2012, y el caso Ayotzinapa?

No es para analizar casos específicos, es para analizar la implementación y recibir recomendaciones para implementar esas obligaciones. El Estado mexicano desde luego acude a esta cita para hablar sobre esta implementación de esta Convención. Pocos países como el nuestro están tan abiertos al sistema internacional de derechos humanos y es parte de ese compromiso que implica esta ratificación de esta convención y la implementación de las medidas nacionales.

¿Y en qué va la implementación de estas obligaciones?

Ésta es una de las convenciones más nueva de Naciones Unidas. Tiene muy poco tiempo de haber entrado en vigor. Se adoptó en 2006, México la firmó cinco semana después de su adopción y ha sido uno de los principales promotores junto con el movimiento latinoamericano y Francia. Fuimos de los primeros 20 en ratificarla, pero entró en vigor hasta 2010. A partir de ahí, empezó un proceso complejo de adaptación de la legislación nacional para la implementación de las obligaciones que derivan de haber firmado y ratificado la convención.

Nos hicieron un cuestionario que hemos respondido y el lunes sustentaremos la respuesta y escucharemos recomendaciones de manera muy abierta y muy transparente. Estamos dispuestos desde luego con un gran ánimo de apertura al diálogo porque además estamos convencidos que tenemos mucho que escuchar muy atentamente las recomendaciones que nos haga un grupo de expertos independientes internacionales sobre la implementación de las medidas nacionales.

¿Qué explicación dará la delegación mexicana sobre los estudiantes de Aytozinapa?

Es importante que este encuentro no ha sido realizado para evaluar casos coyunturales, sino para la implementación de las medidas nacionales. Evidentemente, cabe esperar que los miembros del comité van a hacer preguntas especificas sobre el caso de Iguala y desde luego la delegación mexicana está preparada y en la disposición de responder a las preguntas.

El problema del crimen, gravísimo, de las desapariciones forzadas tiene muchas facetas. La respuesta del por qué ocurren desapariciones forzadas es una respuesta que no es de la competencia del comité. Hay temas que van muy por encima del ámbito que tienen que ver con las obligaciones nacionales e implementación establecidas por la Convención.