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Uno de los problemas que se enfrenta a nivel mundial es la impunidad, el principal factor que alimenta la corrupción, la delincuencia, la violencia y todo tipo de delito, que crea en la sociedad un falso concepto de que cualquier conducta antisocial no tiene castigo.

Peor aun, cuando se tienen problemas estructurales y de funcionalidad en el sistema de justicia y de seguridad que impiden que un delito sea sancionado. Tal es el caso de México y su Poder Judicial, pues cuenta con cuatro jueces por cada cien mil habitantes, cuando el promedio global es de 17 impartidores de justicia por cada cien mil habitantes.

Estas cifras se desprenden del Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, una investigación única en su tipo, ya que se basa en información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que fue analizada a fondo durante un año por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el rector de esta casa de estudios, Luis Ernesto Derbez, explica los alcances y la aportación del IGI que servirá como base fundamental para que México y otros países puedan reestructurar sus sistemas y combatir la impunidad con políticas públicas bien direccionadas.

¿Cómo se define la impunidad?

—Es un sistema que por razones funcionales o estructurales no está creando condiciones en la sociedad para castigar los delitos.

Hay una gran discusión en México en el tema de la corrupción, y lo que están haciendo es una ley anticorrupción; pero el verdadero problema es la impunidad, que implica que cualquier tipo de delito no sea llevado a la consecuencia de una penalidad.

Nuestro sistema está generando las condiciones de impunidad, por eso hay que revisarlos en su estructura y en su funcionalidad.

¿Cuando hay impunidad, hay debilidad en la seguridad y la justicia?

—Hay mucha discusión en México de política pública y se habla de si hay o no suficientes policías. Resulta que el número de policías por cien mil habitantes en México es de 355, el promedio mundial es de alrededor de 320, la conclusión es que no se requieren más policías en el país.

El problema más grave es el sistema de justicia. En México tenemos cuatro jueces por cada cien mil habitantes; entonces lo que voy a tener es que, aunque la policía actúe, no tiene la capacidad del sistema para enjuiciar.

A decir del ex canciller, lo urgente en el país es que se tenga la capacidad de que los jueces atiendan todos los casos, pero además, “otro de los factores que llevan a la impunidad en la deficiencia del Ministerio Público es que no prepara bien los casos para consignar”.

¿Cuando hablamos de impunidad, se puede decir que hay una descomposición de Estado?

—Lo que hay es un desconocimiento del Estado, de las causas que están permitiendo que exista la impunidad.

¿La impunidad puede llegar a ser una amenaza para el país?

—Sin duda. Si se continúa con sistemas que no permitan sancionar el delito, se crea una estructura que fomenta la corrupción y el no respeto a los derechos humanos. En pocas palabras, no hay respeto a la ley. Tenemos muy buena legislación, el problema es que no se aplica porque el sistema no tiene la capacidad funcional.

Hay gente en la cárcel que lleva años esperando su juicio. Ahí se violan sus derechos humanos.

¿Qué arrojó el índice?

—Que México está en una posición inferior, lo que quiere decir que la política que tenemos que llevar es de mejorar estructuras que permitan eliminar la impunidad.

Otro mensaje es que en Latinoamérica, la impunidad es generalizada. Para poder lograr atacarla también es importante que la asistencia internacional esté ahí, que nos obliga a hacer las cosas correctamente. La impunidad tiene tres grandes dimensiones que nuestro índice captura: las condiciones de seguridad, de justicia y el respeto a los derechos humanos.

¿Falta voluntad en México para reconstruir las instituciones?

—Lo que hace falta es información. En México se ha trabajado con base de percepciones. Si uno no construye cosas como el índice, en donde se brinda toda la información que se necesita para tomar acciones de políticas correctas, no se va a poder solucionar. Es un índice, no de percepción, es robusto en cuanto a información y no a lo que se percibe o se cree, se trata de datos concretos.

Derbez advierte que “se tienen que hacer inversiones nuevas en cárceles, en más juzgados, no es una solución de seis meses, seguramente se va a llevar un plazo de cinco a 10 años. Para ello se requiere tiempo y recursos. El gobierno debe determinar ir por ese camino.

El índice permitirá decir: hay que invertir en lo más importante, que son los jueces. Estamos mal, pero podemos mejorar si sabemos cómo hacer las cosas. El punto central es que a la sociedad no le quede esa conciencia de que el sistema es tal que se puede actuar impunemente y no habrá castigo.