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El encargado de la oficina especial que abrió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en diciembre para investigar el caso Iguala, José Trinidad Larrieta Carrasco, ha tenido un pasado polémico. Fue indagado en 2001 por su labor en la extinta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) que incluyó la investigación de la fuga de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y una supuesta retención ilegal de los custodios inculpados; al final, después de pesquisas penales y administrativas, fue exonerado.

A 15 años de distancia, Larrieta Carrasco habla por primera vez sobre estas acusaciones, e insistió, están superadas y resueltas legalmente.

Desde el 18 de diciembre de 2014 está al frente de la oficina especial para el caso Iguala.

Dijo que la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos el 26 y 27 de septiembre pasado es un asunto trascendental en el que enfocará sus esfuerzos en documentar las “graves violaciones a los derechos humanos” que pudieron haber cometido autoridades de los tres niveles de gobierno.

Fue titular de la extinta UEDO, pero renunció en febrero de 2001, tras dos años de ocupar dicho puesto. A partir de versiones periodísticas Larrieta Carrasco fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y por el quebrantamiento del arraigo de un ex agente acusado de participar en la venta de plazas al interior de la PGR.

En ambos casos y después de investigar los hechos, la Procuraduría y la Contraloría determinaron que no hubo responsabilidad alguna.

También fue objeto de una recomendación de la propia CNDH el 19 de febrero de 2001 debido a la supuesta retención ilegal de un centenar de servidores públicos durante el proceso de investigación que realizó la UEDO con relación a la fuga de 'El Chapo', pero tres días después un Juez de Distrito determinó que la detención de los inculpados era legal y cumplía con los requisitos.

Larrieta Carrasco aseguró que esos señalamientos carecen de fundamento y que como servidor público se ha conducido con honestidad, transparencia y apego a las leyes.

Ahora su compromiso es trabajar en el organismo para la misión que le encomendó el ómbudsman Luis Raúl González, su amigo desde hace casi dos décadas, pues “lo que requiere esta institución es recobrar la confianza que fue deteriorada en años recientes. El máximo poder que tiene esta institución es su autoridad moral y sólo con una actuación limpia se puede lograr y a eso es a lo que nos ha convocado el presidente de la CNDH”, manifestó.

En 1994, Larrieta Carrasco fue el secretario particular de González Pérez, cuando éste se desempeñaba como director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Luego, en 1996 volvieron a trabajar juntos, ahora en la CNDH —el primero como coordinador del Programa Especial de Presuntos Desaparecidos, y el segundo, como primer visitador general—. Posteriormente, de 1996 a 1998, hicieron mancuerna en la Subprocuraduría Especial del caso Luis Donaldo Colosio, en donde tuvieron a su cargo el cierre de las indagatorias del homicidio del candidato presidencial.

Al día siguiente de que terminó con este mandato, Larrieta Carrasco —abogado de profesión— asumió la titularidad de la UEDO cuando la PGR era encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar. En diciembre de 2000, con el cambio de gobierno, se mantuvo al frente de la UEDO, ahora bajo la dirección del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha.

Ahí, narró, empezaron sus problemas. El 11 de diciembre de 2000 un periódico de circulación nacional publicó una nota en la que, citando fuentes anónimas, se le cuestionó por la adquisición de una casa de 2 millones de pesos a sólo dos años de haber asumido su cargo en la Unidad.

Entregó pruebas de que el inmueble —con un valor real de 1 millón 350 mil pesos— fue adquirido con recursos lícitos y producto del ahorro de su vida laboral. Luego de la revisión y de una visita de inspección a la vivienda del funcionario, la PGR determinó que no había responsabilidad y lo hizo público en un comunicado de prensa.

También se le vinculó en la recomendación 2/2001 que emitió la CNDH por la investigación de la fuga de 'El Chapo', por la supuesta retención ilegal de los custodios del penal de Puente Grande inculpados; pero el 22 de febrero un juez validó los arrestos.

Hoy, a la distancia de esos hechos, Larrieta Carrasco aseguró que desconoce el origen de lo que, consideró, son difamaciones, cuyo objetivo era presionarlo debido “a los intereses que pude perjudicar y que toqué al aplicar la ley”.

El 26 de febrero de 2001 renunció a su cargo en la UEDO. “Renuncié porque me estaba tomando tiempo defenderme de tantas infamias y estaba descuidando la parte sustantiva de mi trabajo. Y esa era una gran irresponsabilidad. Antes de hacer eso preferí renunciar y además, porque no encajé en ese equipo [del procurador Macedo de la Concha]”, explicó.

Destacó que pese a que se había propuesto no regresar al servicio público, aceptó el nuevo encargo del presidente de la CNDH “porque es una oportunidad para contribuir de nueva cuenta con el país en un asunto tan trascendente para el país”.

Indicó que ya efectuó las primeras diligencias y ha tenido acceso a los 82 tomos que incluyen las constancias de las averiguaciones previas que ha iniciado la PGR a este respecto.

Explicó que llevará a cabo una investigación focalizada con la finalidad de poder determinar las violaciones graves a los derechos humanos en las que incurrieron servidores públicos, y si las pesquisas se han hecho conforme a la ley.