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"Chocan" gobierno y víctimas ante la CIDH

J. Jaime Hernández / Corresponsal| El Universal
Sábado 21 de marzo de 2015

DEBATE. El embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa (centro), escucha a Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que desaparecieron en septiembre del año pasado. (Foto: LENIN NOLLY / EFE )

Activistas acusan que México es un "cementerio enorme"

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Washington.— Representantes del Estado mexicano y familiares de víctimas de la violencia chocaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la hora de presentar a México como “un cementerio enorme” de desapariciones forzadas, o como una nación aquejada en ciertas partes de su territorio por instituciones débiles, fosas comunes y más de 26 mil desapariciones.

“México se ha convertido en un enorme cementerio, de norte a sur y de este a oeste”, denunció Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de Chihuahua.

“Este tipo de generalizaciones no ayudan a la precisión e identificación del problema. La desaparición forzada no es en todo el país. Sí es un problema agudo que el gobierno está tratando de resolver con medidas sin precedentes”, respondió el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa.

En medio de este debate, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, se limitó a mostrar su preocupación por la existencia de “cementerios clandestinos” en México, como han denunciado sinnúmero de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

“Que existan cementerios clandestinos o fosas comunes [en México] es un asunto de extraordinaria alarma e indignación, el Estado debería atender este problema con carácter urgente y prioritario”, enfatizó.

Además de que poco más de una veintena de personas protestaron a las puertas de la CIDH, para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, la 154 sesión de audiencias de la organización permitió a los familiares de las víctimas ventilar sus demandas de justicia ante unas autoridades mexicanas que se defendieron asegurando que el gobierno ha dado muestras de voluntad política para esclarecer la desaparición, no sólo de los estudiantes normalistas, sino de miles de personas en distintos puntos del país.

“El caso de Ayotzinapa se ha convertido en el proceso de investigación más amplio y sin precedentes que acomete el Estado mexicano”, aseguraron los representantes del gobierno al insistir que las pesquisas en torno al caso se mantendrán hasta agotar todas las vías de investigación.

Reiteraron la decisión del gobierno para robustecer el combate al fenómeno mediante la actualización de la base de datos para que opere en todas las procuradurías de justicia, y la expansión de laboratorios especializados en identificación genética. Rabasa aseguró que el gobierno está abierto a que la CIDH pueda acompañar y hacer recomendaciones al proyecto de ley para combatir la desaparición forzada.

Abuchean a funcionarios

Antes del inicio de la audiencia dedicada a las desapariciones forzadas y a la impunidad en México, la delegación nacional que acudió en representación del Estado fue abucheada por activistas que los recibieron entre gritos de “asesinos” y “corruptos”, en una mañana de nieve y lluvia ante las puertas de la CIDH.

Entre el grupo de manifestantes, el abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró que la movilización para conocer el destino de los 43 estudiantes podría ampliarse a otras partes del país donde el fenómeno de las desapariciones forzadas y las fosas comunes han puesto en evidencia la debilidad de las instituciones, la corrupción de los políticos y la colusión entre algunas policías municipales o estatales con el crimen organizado.

Durante la audiencia de ayer las organizaciones y familiares de víctimas lamentaron que el Estado mexicano sólo haya actuado tras la desaparición de los 43 normalistas: “Ojalá lo hubieran hecho antes, porque esta crisis humanitaria, con más de 26 mil desaparecidos, viene desde el gobierno de Felipe Calderón y no se había hecho nada”, lamentó Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, un ingeniero industrial de 23 años, quien desapareció en febrero de 2007 en Saltillo, Coahuila.



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