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El presidente Enrique Peña Nieto presentó una serie de medidas ejecutivas para fortalecer el combate a la corrupción y evitar conflictos de interés entre funcionarios de la Administración Pública Federal.

En un mensaje a medios, el mandatario insistió en que la corrupción en México es un problema estructural “que entre todos debemos enfrentar”. Dijo que a pesar de los esfuerzos emprendidos en las últimas décadas, la percepción sobre este problema no ha mejorado.

“De acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2014 que publicó Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de 0 a 100; es, prácticamente, la misma calificación que ha tenido durante las últimas dos décadas.

“Y si bien he sostenido que la corrupción es un problema para todos los países y en muchas ocasiones un tema de carácter cultural, no hay excusa para dejar de tomar acciones decididas. Como Presidente de la República tengo la convicción de fortalecer la legalidad y cerrar espacios a la corrupción”, puntualizó.

Las acciones ejecutivas serán implementadas por la Secretaría de la Función Pública cuyo titular es, a partir de este mediodía, el ex consejero electoral Virgilio Andrade Martínez, al tiempo de que el gobierno federal ha solicitado el acompañamiento y asesoría de la OCDE.

La primera acción es que a partir de mayo, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será obligación de los funcionarios federales presentar una declaración de posibles conflictos de interés.

“Esta declaración deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad”.

Detalló que además permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos, que impida cumplir con las obligaciones de su encargo con objetividad e imparcialidad.

“La declaración contendrá entre otros elementos las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos, así como las causas por las que el servidor público considere que pudiera existir un conflicto de interés con relación a las decisiones que tiene a su cargo”.

Agregó que esta declaración de posibles conflictos de interés retoma las mejores prácticas internacionales y su diseño cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La segunda acción es que dentro de la Secretaría de la Función Pública se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, la cual  será responsable de determinar la existencia de conflictos de interés, dictar medidas preventivas y, en su caso, velar para que se apliquen las sanciones correspondientes.

Como tercera acción se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la función pública Federal, que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción.

“Se requiere transitar de una mera declaración de principios a un nuevo protocolo formal, que norme el comportamiento de los servidores públicos, especialmente de aquellos responsables de las contrataciones públicas”, dijo.

La cuarta acción comprende que se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.

“La Secretaría de la Función Pública definirá los lineamientos claros y específicos que deberán seguir los servidores públicos al tratar con los interesados”.

La quinta acción, en complemento a la medida anterior, establece que todas las dependencias y entidades de federales tendrán hasta el mes de abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos.

 “La Secretaría de la Función Pública deberá integrar un registro de dichos funcionarios y someterlos a una certificación, a efecto de asegurar su honestidad y adecuado desempeño”.

La sexta acción ejecutiva establece que se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del Gobierno, por lo que este martes de publica el Decreto que permitirá incorporar los trámites Federales en formatos digitales, a través del portal de internet www.gob.mx.

Dijo que la Ventanilla Única deberá incluir gradualmente los trámites de la Administración Pública Federal más solicitado por la población, siempre que la naturaleza del mismo  lo permita. Afirmó que esto reducirá potenciales espacios de corrupción al eliminar la interacción entre funcionarios Federales y los particulares.

La séptima acción es que la lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República, será más completa y detallada ya que señalará la causa de su sanción y la octava acción es que se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado, en materia de transparencia y combate a la corrupción.

“La participación activa de los ciudadanos, es fundamental para identificar procesos y trámites vulnerables a conflictos de interés o actos de corrupción.

“Trabajaremos con Cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil con el propósito de suscribir convenios de colaboración y juntos prevenir actos al margen de la ley”.

El presidente Peña Nieto indicó que en breve, las Secretarías de Relaciones Exteriores y de la Función Pública suscribirán un acuerdo de cooperación técnica con la OCDE. Dijo que estas acciones ejecutivas se suman a lo que se ha promovido desde el inicio de este Gobiern

La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia; la participación de México en la Alianza para el Gobierno Abierto para promover la rendición de cuentas y abrir mayores espacios de participación a la ciudadanía.

Así como la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que fortalece –destacó- los mecanismos legales para que los recursos se administren con mayor eficiencia y honradez.

El presidente Peña Nieto hizo votos porque en este segundo periodo de sesiones ordinarias que acaba de iniciar, las y los legisladores federales aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Construir el país que queremos exige actuar permanentemente en favor de la apertura, la transparencia y la eficacia. Eso es lo que quiere y desea la sociedad participativa y propositiva que hoy, afortunadamente, tiene México”.

crs