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Van tras 4 jueces ligados a casinos

Silvia Otero| El Universal
04:10Miércoles 26 de marzo de 2014
A cargo de la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Cometidos por Servidores Pblicos y c

PESQUISA. A cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, indica que las determinaciones ilegales propiciaron la proliferación de centros de apuestas en esa entidad. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

La PGR investiga a cuatro jueces de distrito y tres secretarios de acuerdos por emitir fallos que presuntamente permitieron operar a casinos y centros de apuestas en Nuevo León sin los requisitos legales para su funcionamiento

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La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a siete integrantes del Poder Judicial —entre ellos cuatro jueces de Distrito—, por delitos contra la administración de justicia, por haber emitido fallos en los que presuntamente beneficiaron a casinos y centros de apuestas en Monterrey, Nuevo León, para permitir su operación.

Entre los servidores públicos indiciados en el expediente que se inició en 2011, y que está a cargo de la Subprocuraduría de Delitos Federales, aparecen, entre otros, Luis Armando Jerezano Treviño y Ricardo Hiram Barbosa Alanís, dos juzgadores que fueron suspendidos de sus funciones por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ante las irregularidades en su actuación y posibles actos de corrupción, aunque ahora también podrían enfrentar cargos penales.

Respecto a Jerezano Treviño, quien es investigado por la DEA por lavado de dinero por más de 3 millones de dólares, también existe otra averiguación previa en su contra que data de 2013 en la PGR —como informó EL UNIVERSAL—, en la que se indaga su participación en el secuestro de los dueños del Casino Fortuna de Monterrey, así como de haber maquinado con el crimen organizado para despojarlos del lugar y llevarlos a prisión.

Denuncias en Nuevo León

El ex presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, desde 2011 señaló de forma pública la posible colusión de juzgadores federales con casineros del norte del país, por lo que el 6 de octubre de ese mismo año presentó la denuncia formal ante la PGR, para que se indagara a los servidores públicos y sus fallos judiciales.

Aunque la indagatoria no prosperó en los meses subsecuentes a la presentación de la denuncia, en enero de 2013 se reactivaron las diligencias en torno a la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XXXI/265/2011, en la que los siete integrantes del Poder Judicial de la Federación ya tienen el carácter de indiciados, de acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL, aunque el expediente también implica a particulares.

De acuerdo con la investigación que conduce la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, los presuntos responsables emitieron determinaciones ilegales que permitieron que “los centros de apuestas incumplan con los requisitos legales que deben observar para su funcionamiento, en consecuencia, han propiciado la proliferación de centros de apuestas en el estado de Nuevo León”.

Los servidores públicos bajo investigación son Luis Armando Jerezano Treviño, quien fuera Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región en Saltillo Coahuila, a quien el CJF ya tenía “en la mira” y lo suspendió desde septiembre de 2011, para investigar 22 amparos que resolvió durante el periodo 2006-2011, algunos relacionados con casinos, en los que encontró irregularidades en sus fallos; pero también indagó su situación financiera-patrimonial y la de su círculo cercano, en la que se detectaron anomalías.

Este juez actualmente está bajo proceso administrativo en el CJF, pero también es investigado por la DEA en Estados Unidos por el lavado de dinero de 3.2 millones de dólares, que se detectaron en cuentas bancarias en Texas, fondos que se presumen son pagos que recibió por sus fallos ilícitos; además de que se le investiga en el expediente AP/PGR/SEIDO/UEAIARV/012/2013 por presuntos nexos con el crimen organizado para apoderarse del Casino Fortuna de Monterrey.

Otro de los jueces que la PGR investiga por delitos contra la administración de justicia por presuntamente beneficiar a casineros es Ricardo Hiram Barbosa Alanís, quien fuera titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en Monterrey, a quien en marzo pasado el CJF le inició proceso administrativo por conceder de manera irregular suspensiones provisionales y definitivas de amparo a casas de apuestas de Nuevo León.

Sus secretarios de acuerdos Héctor Fernando Monterrubio Pontigio y Alejandro Tovar Álvarez fueron suspendidos de sus funciones, y también forman parte de la lista de servidores que la PGR tiene bajo sospecha de conductas delictivas.

En la relación de indiciados por amparar a casineros mediante posibles fallos irregulares también está Rogelio Cepeda Treviño y Juan Miguel García Malo, juez y secretario, respectivamente, del Juzgado Segundo de Distrito en Saltillo, Coahuila; así como Guillermo Amaro Correa, Juez Cuarto de Distrito en la Laguna, en Torreón, Coahuila.

Con sus fallos estos juzgadores y sus colaboradores, hoy sujetos a investigación, habrían beneficiado a empresas como Entretenimiento de México, del llamado Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona, para que operaran sus centros como Sport Zone; a la compañía Atracciones y Emociones Vallarta, que operaba el Casino Royale, así como otros puntos de apuesta como.



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