La Comisión de Vivienda del Senado alista una serie de iniciativas en materia de construcción de viviendas, entre las que destaca la creación de un código de edificación único al que deberán someterse las inmobiliarias, constructores y quienes opten por la autoconstrucción.

Asimismo se prevé una reforma para consolidar un esquema de financiamiento para la población no afiliada y de bajos ingresos, por medio de la Producción Social de Vivienda Asistida, con parámetros de seguridad para la población.

En entrevista la senadora y presidente de dicha comisión, María Elena Barrera, expuso que en el paquete de reformas se analizan modificaciones para establecer un código de edificación único, que garantice que dichas viviendas sean seguras ante sismos, inundaciones y otros riesgos naturales.

Destacó que con este código se busca regular a nivel nacional la construcción de casas habitación, con lineamientos claros a los que estarán obligados los desarrolladores para ofrecer vivienda digna, con determinadas dimensiones y sustentabilidad ambiental, entre otros requisitos.

También, se pretende concretar reformas de ley que reviertan la concentración de desarrolladores, pues estos se han dedicado a lo que la legisladora denominó la edificación selectiva.

Estos son los principales aspectos del plan de trabajo acordados por la senadora Barrera Tapia con los integrantes de dicha comisión, senadores Joel Ayala Almeida e Isaías González Cuevas, del PRI; Víctor Hermosillo y Celada, Angélica Araujo Lara y Fernando Herrera Ávila, del PAN; y Adolfo Romero Lainas, del PRD.

La producción social de vivienda se realiza con el control de autoproductores y autoconstructores, que operan sin fines de lucro y se orientan prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos.

Por ello, incluyen mecanismos solidarios y de autogestión, que dan prioridad al valor de uso de la vivienda, por encima de la definición mercantil.

La Comisión de Vivienda también busca dar certeza jurídica a la propiedad, por lo que impulsará la modernización del Registro Público de la Propiedad, el fortalecimiento del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi) .

Además de la unificación de políticas de ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda a nivel nacional.