Las opciones para evitar que el mexicano Édgar Tamayo sea ejecutado hoy en Texas disminuían, mientras el padre del preso insistió en que su hijo es inocente y dijo que su familia ora por un nuevo juicio luego de que el gobierno de México afirmó que la sentencia viola las leyes internacionales.

Héctor Tamayo, quien visitará este miércoles a su hijo, dijo en una entrevista radiofónica que tiene fe en que Dios frenará la ejecución.

Tamayo, de 46 años y originario de la comunidad de Miacatlán, Morelos, fue sentenciado a la pena capital por el asesinato del policía Guy P. Gaddis, en Houston, Texas, el 31 de enero de 1994.

De los ocho mexicanos que han recibido la pena de muerte, siete han sido ejecutados en Texas y solamente uno en Virginia.

“Es injusto lo que quieren hacerle, sabiendo bien que él no fue el culpable, no fue el que mató al policía, él nunca dijo que lo mató”, afirmó Héctor Tamayo, hablando desde Texas para Radio Fórmula.

“Tenemos fe en Dios que ojalá le quiten la ejecución y le hagan un nuevo juicio (...) Él está tranquilo, él no está llorando ni nada, nos dice también a su mamá y a mí que seamos fuertes, que solamente Dios puede decir la última palabra”, agregó.

Dos tribunales, uno federal estadounidense y otro del estado de Texas, rechazaron acciones legales interpuestas por los abogados del mexicano Édgar Tamayo Arias para tratar de frenar su ejecución.

Tanto la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas como la Corte de Apelaciones Criminales de Texas rechazaron el pedido de los abogados de Tamayo, sentenciado a muerte por el asesinato de un policía en Houston, en el año de 1994.

Además, la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas negó por unanimidad clemencia al mexicano Édgar Tamayo Arias, a 24 horas de que termine el plazo fijado para su ejecución por el homicidio de un policía en Houston, en 1994.

Los siete integrantes del organismo votaron en contra de recomendar al gobernador de Texas, Rick Perry, el posponer la ejecución o conmutar la sentencia, pese a que durante las últimas semanas la junta recibió miles de cartas pidiendo clemencia para el mexicano.

Los abogados de Tamayo habían solicitado a ambas instancias que se emitiera una orden judicial preliminar para evitar que la Junta de Perdones considerara la petición de clemencia del mexicano hasta que el procedimiento de indulto fuera adecuado y justo.

Sandra Babcock, que encabeza la defensa de Tamayo, había demandado a la Junta de Texas el celebrar una audiencia pública para analizar el caso de Tamayo y recomendar al gobernador la conmutación de su sentencia.

El voto en contra de la junta reduce la posibilidad de salvar la vida de Tamayo, aunque el gobernador Perry aún tiene la autoridad de frenar la ejecución por 30 días en un acto de clemencia ejecutiva.

La defensa presentará ahora un nuevo requerimiento que tendrá que ser analizado por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleáns. De no proceder ninguna de las peticiones y recursos interpuestos por sus abogados, Tamayo Arias recibirá la inyección letal en punto de las 18:00 horas de este miércoles en la Unidad Carcelaria Walls, en Huntsville, 250 kilómetros al sureste de Dallas.

Piden retrasar pena de muerte

El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que sigue intentando persuadir al gobierno de Texas para que retrase la ejecución de Tamayo Arias.

“Lo que el Departamento de Estado está pidiendo es un retraso en su ejecución hasta que pueda proporcionársele [a Tamayo] una revisión y reconsideración tal como requiere el fallo Avena”, explicó la portavoz alterna del Departamento de Estado, Marie Harf.

“No queremos más que un retraso en su ejecución hasta que se pueda ver si el hecho de que se le denegara acceso consular influenció el veredicto”, subrayó Harf.

El gobierno mexicano dijo que de concretarse la ejecución, Estados Unidos violaría una resolución emitida en 2004 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que obligó a revisar la sentencia de 51 presos mexicanos condenados a muerte.

Dos de los 51 presos ya fueron ejecutados. El Fallo Avena —como se conoce el dictamen de la CIJ— incluye los casos de condenados a muerte en la Unión Americana que no fueron notificados de su derecho a recibir asistencia y protección consular de las autoridades mexicanas.

(Ariadna García y Agencias)