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El principal accionista de la empresa Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, quedó a disposición de un juez federal por la obtención ilegal de créditos millonarios de Banamex, que causaron un quebranto al banco por casi 500 millones de dólares, pero el delito que le fincó la Procuraduría General de la República (PGR) por violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito no es tipificado como grave y podrá salir libre bajo fianza. Aunque la indagatoria sigue abierta por otros ilícitos y más responsables.

De hecho, la dependencia obtuvo más órdenes de aprehensión contra otros implicados, reveló Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales. Autoridades judiciales detallaron que los implicados son tres empleados de Banamex, que facilitaron que Oceanografía cometiera el daño patrimonial.

La investigación sobre el millonario fraude cometido por la ex proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex) derivó en que el 28 de febrero pasado la PGR asegurara la empresa para garantizar su operación y cerca de 11 mil puestos de trabajo.

El 24 de marzo pasado el dueño de la compañía Amado Yáñez fue sometido a un arraigo domiciliario, medida cautelar que cumplió en una residencia que tiene en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Ayer se definió su situación jurídica luego de que el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, a partir de la causa penal 47/2014-C, giró la orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, aunque la PGR ya ejecutó el mandato judicial, está actualmente internado en la habitación 612 del Hospital Ángeles, en la Ciudad de México, donde se recupera de una intervención quirúrgica de urgencia que se le practicó el pasado 20 de mayo —una cirugía intestinal—, por lo que permanecerá en el nosocomio pero ya quedó a disposición del juez federal que ordenó su captura.

El juzgador dio a conocer que el Ministerio Público de la Federación le puso a disposición a Yáñez Osuna, en su calidad de administrador único y accionista de la empresa Oceanografía, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito previsto en el artículo 112, Fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito; ayer mismo se le tomó la declaración preparatoria, pero el empresario asistido por su abogado Sergio Viveros Romero se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del término para que se defina su situación legal, plazo que se vence el 3 de junio.

Sobre la acusación en su contra, aunque el 3 de marzo pasado el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, indicó que además del delito de fraude se podría fincar el delito de lavado de dinero por el esquema en el que se operó el quebranto, por el momento sólo lo consignó por cometer el siguiente delito: “Los acreditados que desvíen un crédito concedido por alguna institución a fines distintos para los que se otorgó, si dicha finalidad fue determinante para el otorgamiento del crédito en condiciones preferenciales”.

Eduardo Sodi Carmona, ex director general de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, consultado por EL UNIVERSAL, destacó que este delito de acuerdo con el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales Vigente, no es grave y alcanza la libertad bajo fianza.

Respecto al monto de la acusación que se le imputa a Osuna Yañez, aunque se conoce que el quebranto asciende a casi 500 millones de pesos, al respecto la subprocuradora Benítez explicó que en la acusación que formuló la PGR no se determina en este momento, y que el juez se allegará de elementos para llegar a determinar el monto.

Crédito con documentos falsos

De acuerdo con la investigación, Oceanografía solicitó durante 2013 créditos bajo documentos falsos que amparaban supuestos pagos de servicios que le debía Pemex, y cuando ésta pagaba al banco una cantidad menor, los empleados del banco sólo los reportaban como “adelanto” de la suma total, y seguían concediendo otro crédito.

Por ello, hoy tres empleados de Banamex tienen órdenes de arresto en su contra por validar los documentos apócrifos usados en este delito, como informó este diario en su edición del 15 de mayo pasado.

Uno de los ejecutivos bancarios que presuntamente validaron las operaciones es Alfonso Ortega, jefe de la Unidad de Servicios de Transacción Global, que es de los 11 funcionarios despedidos por Citigroup derivado de una indagatoria interna.

Entre los despedidos por Banamex y Citigroup están Federico Solórzano, director ejecutivo del área de Administración de Riesgos de Crédito Corporativo; Emilio Granja, director gerente de la Unidad de Energía y Químicos de Banamex, y Sergio Torres, director de Tesoro y Servicios Comerciales.