PRD en Senado exige informes de contactos de DEA con narco
Llamado. Las investigaciones que lleve a cabo la PGR sobre esas reuniones deben redundar en que se finquen responsabilidades legales, reclama la senadora del PRD. (Foto: Archivo EL UNIVERSAL )
La senadora Dolores Padierna Luna dijo que se debe sujetar al orden constitucional la cooperación que se lleva a cabo en materia de seguridad pública entre el gobierno federal y la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.
La legisladora propuso que el Congreso solicite al Ejecutivo federal un informe detallado sobre los encuentros de agentes antidrogas de Estados Unidos con narcotraficantes en México, que reveló EL UNIVERSAL el 6 de enero pasado.
La investigación de este diario documenta unas 50 reuniones de agentes de la DEA con narcotraficantes en México, con base en declaraciones judiciales emitidas en Estados Unidos.
Dolores Padierna afirmó que las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, y la Procuraduría General de la República deben dar cuenta al Senado de información detallada sobre los encuentros de agentes de la DEA y narcos, así como los alcances derivados de esos contactos.
Las investigaciones que lleve a cabo la PGR sobre esas reuniones deben redundar en que se finquen responsabilidades legales, reclama la senadora del PRD.
"Desde que se dieron a conocer los cables de Wikileaks, las revelaciones sobre la injerencia ilegal de Estados Unidos no han parado" y continuarán en tanto el gobierno mexicano deje pasar, como si no existieran, las violaciones a la ley que ocurren con el pretexto de la cooperación", dijo Padierna Luna.
La senadora perredista, junto con su compañero de bancada en la Cámara Alta, Manuel Camacho Solís, presentó una propuesta de punto de acuerdo en la Comisión Permanente, a fin de que el Congreso solicite al gobierno federal información sobre esos encuentros de agentes de la DEA en México con narcotraficantes.
Dice en su argumentación que "en un momento como el que vive nuestro país en Michoacán, es indispensable retomar el rumbo del estado de Derecho y de la sujeción al orden constitucional".
Plantea que "la cooperación bilateral y la política de seguridad del gobierno deben transparentarse, ser sujeto de un efectivo control parlamentario y de la opinión pública".