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El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, señaló que la muerte de los 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, podría constituir un caso de ejecución sumaria.

Por eso, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a realizar una investigación rápida e independiente sobre estas muertes y garantizar la protección de sobrevivientes y testigos.

“El gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, recalcó Heyns. Agregó que toda muerte que resulte del uso excesivo de la fuerza y sin el estricto cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad “es un caso de privación arbitraria de la vida y por lo tanto ilegal”.

Ratificó que estará al pendiente de las investigaciones y que recibirá toda la información oficial sobre este caso y las medidas que se hayan tomado, pues requerirá un informe al gobierno mexicano sobre cada una de las diligencias en torno al incidente de Tlatlaya.

En un comunicado de prensa difundido por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Heyns manifestó su beneplácito por la detención de ocho militares involucrados en los hechos, como informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el pasado 25 de septiembre.

El experto en investigar casos de ejecuciones extrajudiciales en el hemisferio, señaló además que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, “sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida, es decir, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves”.

Indicó que, de acuerdo con la información de sobrevivientes y testigos, parece que las versiones oficiales difieren sobre lo que ocurrió en Tlatlaya, donde el 30 de junio pasado, 22 civiles perdieron la vida durante un operativo militar contra presuntos delincuentes; de los cuales tres mujeres sobrevivieron, y dos de ellas fueron detenidas posteriormente por posesión de armas de fuego y crimen organizado.

El relator destacó la declaración de una testigo que señala que las personas fueron asesinadas después de que se habían rendido y entregado a los militares; entre las víctimas estaba su hija.

Heyns pidió, además, al gobierno mexicano que proporcione medidas urgentes de protección para la sobreviviente que dio testimonio a la prensa, así como a las dos mujeres detenidas rescatadas en el supuesto operativo, y que también se garantice la seguridad de los periodistas que difundieron la información, llamado al que se sumó el relator especial sobre libertad de expresión, David Kaye.

Demanda CIDH que no exista impunidad