Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de invalidar la consulta popular sobre salario mínimo que impulsaba Acción Nacional, su presidente nacional Ricardo Anaya Cortés, impulsará dos iniciativas ante el Congreso de la Unión, una referente a un salario digno y modificaciones a la Ley de Consulta Popular.

"Consideramos que la decisión de la Corte es desafortunada, pues cancela la posibilidad de que los ciudadanos se pronuncien sobre un tema relevante", añadió en un comunicado.

Anaya Cortés agregó que si bien acatarán la decisión de la Corte, y al ser definitiva e inapelable en el ámbito legal mexicano, "no cejará en sus esfuerzos por mejorar el salario mínimo de los mexicanos y buscará por todos los medios legales y políticos a su alcance, que en el futuro, los ciudadanos puedan ejercer con eficacia los instrumentos de democracia directa como el de la Consulta Popular".

Razón por la cual en breve presentará iniciativas de reforma legal, tanto en materia política como en materia laboral, dado que el fallo de la Corte afecta el desarrollo democrático de México, pues obstaculiza indebidamente este importante ejercicio de democracia participativa.

El líder nacional del PAN explicó que con la iniciativa sobre la consulta popular se tiene la intención de defender el derecho de los ciudadanos a ser consultados y a participar en la toma de decisiones sobre asuntos de interés nacional; en cuanto a la iniciativa sobre el salario mínimo, se trata de garantizar un ingreso digno y suficiente para los trabajadores y sus familias, de modo que cubra sus necesidades y les permita una mejor calidad de vida.

"Una de las obligaciones de Acción Nacional como partido político es alentar todos los mecanismos de participación propios de la democracia, por eso no permitiremos que quede cancelado este derecho ciudadano, como tampoco claudicaremos en la lucha por un ingreso digno para las familias mexicanas", sostuvo.

Ricardo Anaya reiteró que siendo respetuosos de las instituciones y de los procedimientos legales, le preocupa la "ligereza de algunos argumentos esgrimidos" por parte de los ministros que votaron en contra de la consulta popular sobre salario digno, pues muestran una línea de razonamiento que "si se mantiene inalterada, anulará en la práctica el uso eficaz de la consulta popular como instrumento de democracia participativa".