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En seis meses y 11 días que Hugo Eric Flores Cervantes se desempeñó como oficial mayor de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fue acusado por autoridades de fiscalización de desempeñarse con parcialidad, omisión, falta de honradez y sin rectitud.

Según el Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat, Flores Cervantes violentó la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, desobedeció órdenes de un superior, secretario de Estado, e intentó engañar al Presidente de la República.

Para este reportaje se le solicitó una entrevista con Flores, pero no hubo respuesta.

Luego de 15 años de carrera, Flores fue designado a ese puesto el 1 de diciembre de 2006, destituido el 11 de junio de 2007 e inhabilitado para ocupar otra plaza en la administración pública federal hasta 2020.

El sexenio de Felipe Calderón y el primer año del actual gobierno los dedicó a responder las acusaciones, las cuales no prosperaron por errores jurídicos del OIC; otros casos, los anuló el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) o bien, las pruebas fueron insuficientes.

En ese lapso ganó nueve expedientes con al menos cuatro inhabilitaciones y sanciones millonarias promovidas en su contra y a la par logró concretar su proyecto político: actualmente es presidente de Encuentro Social, uno de los tres nuevos partidos políticos con registro nacional, que recibe alrededor de 800 mil pesos mensuales, más apoyo para operación como secretarias y oficinas.

Fue diputado federal suplente por el PRI y senador suplente por el PAN en la 60 Legislatura, además de presidente de la entonces agrupación política nacional Encuentro Social (hoy partido político) que promovió alianzas estatales con el tricolor. (EL UNIVERSAL 18/03/09).

Cambia información al Presidente

La SFP abrió el expediente administrativo 32/2007 por presuntas irregularidades de Flores Cervantes, su entonces coordinador de asesores Gustavo Okie Martínez y Antonio Abasolo Cantú, ex asesor del oficial mayor, acusados de modificar la carpeta Análisis de costo-beneficio del proyecto de reorganización inmobiliaria de oficinas centrales y sus desconcentrados.

El documento era una propuesta para aglutinar todas las áreas de la Semarnat en un mismo espacio e iba a entregarse al ex presidente Felipe Calderón. Nunca llegó a sus manos.

Según el Órgano Interno de Control (OIC), los tres funcionarios intentaron presentar una propuesta "ajustada" a Juan Rafael Elvira Quesada, ex titular de esa dependencia.

"El objeto era inducir una decisión para que fuera autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se adquiriera por arrendamiento financiero el Centro Bancomer". Esto se organizó del 4 al 7 de mayo de 2007.

Tras la revisión de pruebas, el OIC de la Semarnat acusó a Flores Cervantes de permitir modificaciones con datos falsos por parte de servidores públicos a sus órdenes que intervinieron en asuntos ajenos a sus responsabilidades.

"No corroboró la veracidad de la información contenida en la documentación relativa al proyecto inmobiliario y que como consta en el expediente de responsabilidades, usted entregó al C. Secretario del ramo para su entrega al C. Presidente de la República", subrayó el OIC.

El expediente consigna que Flores Cervantes permitió modificaciones al estudio realizado por el corredor inmobiliario CB Richard Ellis México Office, porque "presentó una propuesta manipulada al Secretario (...) faltando con ello en el desempeño de su empleo a los principios de honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia".

El OIC indicó que Flores violentó el artículo 134 de la Constitución, porque en caso de haberse concretado dicha operación, "no se podrían asegurar al Estado, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad".

Se confirmó que el inmueble en cuya adquisición se pretendía influir, no era el más adecuado a los fines buscados, lo que a su consideración, se evidenciaba con las erogaciones extras, violentando la Ley General de Bienes Nacionales.

Miedo a represalias

En la incorporación de datos falsos participó Mónica Herrera Martín del Campo, ex subdirectora de Administración Sustentable de la Dirección General de Recursos Materiales Inmuebles y Servicios de la Semarnat, por órdenes de Okie Martínez y Abasolo Cantú.

Entrevistada por el OIC, Herrera Martín del Campo argumentó que acató las indicaciones por miedo a perder su trabajo, a sabiendas de que no eran sus superiores jerárquicos, de hecho, no tenía ningún jefe.

"Nos habían dicho que cualquier apoyo que requiriera la Oficialía Mayor a través de esas personas que mencioné, se les diera (...) No tenía delegada las funciones ni facultades, sin embargo, el contador público Abasolo se dirigió a mí para pedirme información y el licenciado Gustavo Okie me dio la información y las instrucciones que ya he mencionado (...) No solicité ningún escrito debido al temor que tenía de perder mi trabajo", explicó Herrera Martín del Campo, quien también aclaró que no recibió amenazas.

Las declaraciones de la servidora pública involucrada fueron consideradas como evidencias insuficientes para acreditar los hechos presuntamente irregulares atribuidas al trío de funcionarios para demostrar su responsabilidad administrativa.

El OIC de la Semarnat intentó otra ruta para acusar a Flores Cervantes: presentó 713 fojas del expediente PDE-90/2007 relacionado con la carpeta de Centro Bancomer, que subrayaban que nunca supervisó el trabajo de sus subordinados para demostrar incumplimiento de sus funciones.

Tampoco prosperó. Se concluyó que era "totalmente inadecuado suponer que el oficial mayor de una secretaría de Estado tenga que supervisar personalmente el trabajo de cada uno de los servidores públicos a su cargo, porque implicaría la negación absoluta del principio de delegación de funciones". Al final, nadie fue sancionado.

Lo ignoraba

El 27 de abril de 2007, el titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, tomó el teléfono y llamó a Hugo Eric Flores Cervantes, su oficial mayor, para que hiciera efectiva y de manera inmediata por la SFP, la inhabilitación de un año promovida en contra de Gustavo Okie Martínez, su coordinador de asesores.

En el expediente 30/2007 de la SFP se establece que Flores Cervantes escuchó y colgó, pero no acató la orden, por lo que Okie Martínez siguió cobrando su sueldo de 70 mil pesos mensuales, además de que recibió correos con información de la dependencia y siguió dando órdenes a sus subordinados hasta el 4 de mayo, es decir, una semana después, aunque el servidor público sancionado recibió correos institucionales hasta el 1 de junio de 2007.

Antes de ese caso, Okie Martínez contaba en su historial con cuatro amonestaciones públicas, tres inhabilitaciones que suman dos años y seis meses sin poder desempeñar cargos públicos, una suspensión de tres días y una sanción económica como ex funcionario del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

Fue informado de la sanción el 9 de abril, pero se mantuvo en su cargo, por lo que se determinó que Flores Cervantes incurrió en una conducta omisa, inadecuada e ineficaz y que faltó a su deber de observar imparcialidad.

En su defensa, el ex oficial mayor presentó el oficio con la orden con sello del 4 de mayo y calificó de temeraria la intención de pretender sancionarlo por no acatar una instrucción verbal, ya que era jurídicamente inviable, además de que subrayó que nunca recibió la llamada de Elvira Quesada.

El órgano de fiscalización dio la razón a Flores e inhabilitó por 10 años a Okie Martínez.

jram