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Miriam Isaura López fue detenida, torturada y obligada a declararse integrante de la delincuencia organizada por elementos del Ejército mexicano y de la Procuraduría General de la República (PGR). Durante siete meses —de febrero a septiembre de 2011— estuvo en prisión y al salir comenzó su búsqueda de justicia.

Acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y puso una queja contra la Sedena y la PGR; se emitió la recomendación 52/2012 por detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violencia sexual. Pero a ella no le ha servido para reparar el daño.

“Nunca se cumplió la recomendación, no se ha cumplido nada de lo que dice, ni el daño económico ni el emocional, ni la justicia”, relata a dos años de que la comisión concluyera la investigación de su caso. 

En noviembre de 2012, ya liberada, elementos del Ejército llegaron a su casa acompañados de una funcionaria de la CNDH para ofrecerle una indemnización por 48 mil pesos y terapia sicológica en el cuartel militar. Ella se negó y en lugar de sentir respaldo de la comisión, se sintió hostigada. 

“Siento que la CNDH me presionó mucho para que firmara, me decían: ‘Nosotros ya hicimos nuestro trabajo y tú tienes que hacer el tuyo firmando y aceptando lo que te están ofreciendo’. Me quisieron dar de reparación una burla, yo no podía aceptar eso”. 

Su caso refleja el poco impacto que las recomendaciones emitidas por la CNDH han tenido para las víctimas en la búsqueda de justicia, reparación y no repetición del agravio. 

“Quizá la CNDH no puede obligar a las autoridades a que cumplan, pero no se puede poner de parte de ellas. Se supone que está para apoyar a las víctimas, pero en mi caso sentí que quería resolverle el problema a los militares”, dice Miriam. 

Resultados magros. Una investigación de EL UNIVERSAL revela que de las 373 recomendaciones emitidas en los más de 4 años en que Raúl Plascencia ha estado al frente de la CNDH, se desprendieron 313 denuncias penales; de ellas sólo se logró una sentencia condenatoria, 42 consignaciones y tres sanciones administrativas.

Para conocer el impacto de su trabajo, este diario solicitó a la CNDH el desglose del seguimiento a las 373 recomendaciones emitidas de noviembre de 2009, cuando Plascencia asumió el cargo, a marzo de 2014. 

Del total de recomendaciones surgieron 216 denuncias penales ante la PGR y 97 ante las Procuradurías estatales, aunque no detalló el tipo de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades. 

Sobre la sentencia condenatoria, la CNDH dice que a partir de su recomendación 62/2010, la PGJ de Sinaloa dio más de 45 años de cárcel a funcionarios responsables del motín en el penal de Mazatlán donde murieron 28 reos. 

En el caso de violaciones cometidas por militares, informó de 24 denuncias ante la PGR que fueron declinadas ante la Procuraduría Militar; de ellas se tiene información de la consignación de ocho militares. 

En el caso de las sanciones administrativas, la CNDH informó que de las casi 400 recomendaciones sólo se han logrado tres penalidades: dos inhabilitaciones y una suspensión. 

Aunque en la administración de Plascencia la CNDH ha tenido un alza presupuestal de 35%, sus resultados son magros. Según sus informes anuales, de las recomendaciones emitidas entre 2010 y 2013 sólo 1.2% gozan de cumplimiento total, 43% parcial, 15% fueron rechazadas por la autoridad responsable, 3.8% aceptadas pero no hay pruebas de cumplimiento y 26% están en tiempo de ser contestadas. 

Se ‘olvidan’ de pagar. Desde hace 11 años, el Programa Atalaya pone lupa al trabajo de la CNDH, revisando la investigación de la queja, recomendación y seguimiento. 

Atalaya encontró que el organismo no da seguimiento a sus quejas: “En diversos casos, los expedientes fueron concluidos sin que los intereses legítimos de los quejosos fueran plenamente satisfechos ni los agravios investigados y sancionados”.

De la información obtenida se desprende que en 55% de los casos en que la CNDH pidió indemnizar o reparar el daño, esto no se ha cumplido. 

Acusan presión. Cuando Miriam fue visitada por personal de la Sedena y la CNDH, la defensora le espetó: “Ellos están cumpliendo y de aquí no vas a poder hacer nada porque ellos ya cumplieron”, relata. “Me dijeron que si no aceptaba, tenía que firmar un documento donde renunciaba a que Sedena me reparara el daño”.

Miriam señala que los 48 mil pesos que querían darle no subsanaban siquiera el auto que perdió en la detención, menos el dinero que gastó su familia para sacarla de la cárcel donde estuvo cautiva por pruebas fabricadas por Ejército y PGR. 

Ante la Fevimtra están demandados 10 militares que intervinieron en la detención arbitraria, tortura y violencia sexual contra la joven, además de dos agentes de la PGR que participaron en la fabricación de pruebas, pero hasta ahora no hay consignaciones.

jram