politica@eluniversal.com.mx  

La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias entregó a la Cámara de Diputados un informe en el que recomienda al gobierno mexicano evitar que sus funcionarios hagan declaraciones públicas sobre la licitud de una muerte, sin antes haberlo verificado al 100%.

“Los funcionarios gubernamentales no deberán hacer declaraciones públicas sobre la licitud de una muerte sin haber examinando los hechos debidamente. De igual manera, jamás debería estigmatizarse a las víctimas de la violencia”, detalla el documento.

El 10 de diciembre de 2010, el entonces vocero de Seguridad Nacional del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, Alejandro Poiré, informó que contaban con información en el sentido de que el delincuente Nazario Moreno El Chayo había sido abatido; sin embargo, el pasado domingo 9 de marzo, oficiales de la Secretaría de Marina (Semar) mataron a este criminal luego de un enfrentamiento en la sierra de Michoacán.

Con ello, por más de tres años El Chayo, líder y fundador de Los Caballeros Templarios, fue considerado oficialmente como un personaje abatido y como parte de las bajas sensibles de la delincuencia mexicana.

El informe del relator Christof Heyns que circula entre legisladores aborda también una serie de temáticas en seguridad que —desde su óptica— el gobierno mexicano debería atender con dedicación y urgencia.

El texto fue entregado el 5 de marzo a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por la Secretaría de Gobernación, con el propósito de que los legisladores puedan emitir comentarios u observaciones, así como cualquier información adicional que refleje avances posteriores a la visita del relator especial.

La información que generen los legisladores figuraría en un addendum que se publicará en el marco del 26 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2014.

El informe se terminó en diciembre pasado, luego de la visita durante los meses de abril y mayo, del relator Christof Heyns. La última vez que sucedió algo parecido fue en 1999.

Siguen violaciones

El documento de 24 cuartillas reconoce que las reformas impulsadas desde el gobierno y el Congreso de la Unión reforzarán los derechos humanos de las personas vulnerables, pero aclara que aun hay un número importante de violaciones a garantías individuales.

El informe insiste en que el Ejército no debería hacer labores policíacas y sostiene que aún no está muy claro el objetivo de la Gendarmería Nacional. “Es imperativo disminuir la participación del Ejército en las actividades policiales, velar porque los militares acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles y no militares, y establecer normas claras y ampliamente difundidas sobre el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden en todos los ámbitos del gobierno”, reitera.

El informe del relator Christof Heyns observa que de acuerdo con la experiencia internacional, a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar, es decir, la forma que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público.

“El relator especial advierte que la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos. Además, no hay suficiente rendición de cuentas por esos actos en el sistema de justicia militar”, añade Heyns.

Llama a no escatimar esfuerzos

A juicio del relator especial, en la creación de la Gendarmería Nacional, subsisten muchas dudas, pues “no se han aclarado las razones de su creación y quedan por definir sus características, al igual que el carácter de su relación con las demás instituciones de seguridad”.

El funcionario de la ONU sugiere al gobierno federal no escatimar esfuerzos para la creación de esta gendarmería, a fin de que haga cumplir la ley con principio de preservación de los derechos humanos.