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La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) alertó el posible inicio de un ciclo de censura y represión “de incalculables consecuencias”, de aprobarse en el Senado la minuta de reformas constitucionales en materia de movilidad que le turnó la Cámara de Diputados.

El dictamen que fue avalado el martes por los diputados del PRI, PAN, Panal y PVEM “es social y políticamente irresponsable, e incluso peligroso para la convivencia democrática” expresó anoche el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en un pronunciamiento.

Tras valorar el alcance de las reformas, en las que se autoriza al Estado a emplear “mecanismos alternativos al ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación” para regularlas mediante una ley general, la dirigencia perredista exhortó al Senado de la República a no avalar los cambios propuestos por los diputados a los artículos 11 y 73 de la Constitución.

De hacerlo, advirtió que se propiciaría que la República “entre en un nuevo ciclo autoritario de represión contra las libertades, de incalculables consecuencias”.

Las reformas son un error pues cualquier manifestación pacífica podría ser valorada por el gobierno como violatoria a la movilidad ciudadana, “y con tal pretexto emplear la fuerza policiaca, y la represión legalizada”, añadió.

Por eso, en su pronunciamiento, la dirigencia perredista expresó su “absoluto rechazo a cualquier intento por restaurar un régimen autoritario” en México y consideró que las reformas a la legislación podrían abrir esa ruta.

De concretarse los cambios constitucionales, alertó, “abrirían el capítulo de la persecución y criminalización de la lucha social” como ya sucede en diversos estados.

En su comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD insistió en que la mano dura no resolverá la inconformidad de los grupos sociales que se movilizan e incluso “este método puede poner al país en su conjunto en una vorágine de crecientemente (sic) protestas”.

Para hacer frente a esos intentos de limitar libertades, según la dirigencia perredista, ésta pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que acompañe —como lo ha hecho— todas las manifestaciones públicas para constatar in situ el libre ejercicio de ese derecho constitucional.

Además propuso “adelantar el nombramiento” del Fiscal General de la República por parte del Congreso de la Unión para que se haga cargo de las investigaciones sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, y dé prioridad a su localización.

Aval

El martes, con el voto en favor del PRI, PAN y Verde Ecologista, el pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución para otorgar el derecho a la movilidad universal a toda persona, y en 180 días el Congreso de la Unión tendría que expedir una ley general que podría regular las marchas y manifestaciones en las calles.

El dictamen avalado con 292 votos en favor, 100 en contra y una abstención fue interpretado por la izquierda como el primer paso para “reprimir” o prohibir las marchas y manifestaciones en el país con el argumento de garantizar la movilidad de los ciudadanos.

Fue una iniciativa que el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) presentó el 24 de septiembre de 2013 y que fue avalada en comisiones legislativas desde abril pasado y de último momento se le hizo una modificación al dictamen.