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Desde la academia, especialistas coincidieron en que no aprobar las leyes secundarias de la reforma electoral pondrá al Instituto Nacional Electoral (INE) en la complicación de actuar sin un marco jurídico acorde a la Constitución en las elecciones de 2015.

Para poder ejercer sus funciones a plenitud se requiere que las leyes secundarias y su homologación en los congresos estatales estén listas en junio, por lo que, por separado, los académicos de la Universidad Iberoamericana Ivonne Acuña Murillo y René Torres Ruiz delinearon los temas que, a su juicio, mantienen atoradas las negociaciones.

Principalmente, las facultades del INE para atraer o no elecciones estatales; fiscalización en línea y simultánea a las campañas, y prorrateo o no de los gastos de campaña, son elementos en los que han identificado jaloneos entre las bancadas.

Acuña Murillo, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, expuso que los partidos deben evitar errores e imprecisiones en las leyes secundarias, pues cuando sean operadas los riesgos serían para el INE, pero también para partidos y actores políticos a la hora que vieran violentados sus derechos.

En ese caso, expresó Torres Ruiz, doctor en Ciencias Sociales con orientación en Sociología, los menos responsables de lo que ocurra en el proceso electoral de 2015 serán los propios consejeros electorales y será responsabilidad de los medios de comunicación no hacer eco de quienes descarguen en ellos la falta de precisión o de legislación a tiempo.

Nudos problemáticos

Ambos expertos señalaron algunos de los puntos en los que ha sido un problema que los partidos se pongan de acuerdo como son la revisión del gasto de partidos y campañas.

De este tema se deriva la fiscalización en línea, de manera simultánea al desarrollo del proceso electoral, de modo que en caso de rebase a los topes de campaña, sea sancionable de manera expedita y no un año después.

“El PRD ha insistido en que debe ser en línea la fiscalización y de manera simultánea al proceso; el PAN lo que quiere es centralizar esa facultad fiscalizadora en el INE y acusa al PRI de querer descentralizar esa fiscalización en los órganos estatales”, expuso Torres Ruiz.

El prorrateo de gastos de campaña y las facultades de atracción del INE de las elecciones estatales son otro problema, pues se discute si vulnera la autonomía de las entidades.