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El Instituto Federal Electoral (IFE) previó que si el Congreso no cumple los plazos para expedir las reformas secundarias y nombrar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en los procesos federales y locales de 2015 no podrían aplicarse a plenitud las reformas constitucionales.

Incluso, para organizar los procesos estatales, el IFE o en su caso el Instituto Nacional Electoral (INE), tendrían la disyuntiva de ratificar a los actuales consejeros locales en las 15 entidades que tendrán comicios este año, valoró.

En documento presentado la semana pasada en las reuniones que por separado sostuvieron consejeros del IFE con los dirigentes del PRI, PAN y PRD, el IFE expuso cinco escenarios y sus consecuencias esperadas entorno al nombramiento de consejeros y creación del INE.

En la exposición, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, recordó que los transitorios de la reforma constitucional marcaron que el Congreso debe realizar los nombramientos y expedir todo el marco jurídico a más tardar el 30 de abril, en que concluye el periodo ordinario.

Cumplir sería el escenario A, el mejor de todos y garantizado verbalmente por los tres partidos políticos. En ese caso, sólo restaría que las Legislaturas adecuen sus propias leyes y códigos electorales.

El resto de las tareas serían para el INE: nombrar —a más tardar en agosto— los consejeros de al menos 17 órganos locales con elección en 2015 y, una vez constituidos éstos, la expedición de normas internas.

Aun en ese panorama optimista se considera que el INE tendrá sólo un mes para aprobar toda su reforma reglamentaria.

Salvo ese, el resto de los escenarios consideran que la aplicación de la reforma político-electoral sería parcial a nivel federal y estatal y abriría frentes para que las decisiones sean impugnadas.

En caso de que las leyes sí sean expedidas y los consejeros nombrados, pero después del 30 de abril “y antes de 90 días previos al inicio del proceso” —escenario B— se acortarían los plazos de actuación.

Esos plazos reducidos afectarían a la adecuación de reglamentos internos, capacitación de personal, aplicar el Servicio Profesional Electoral y designar a los consejeros locales.

En este punto, el IFE advirtió ya sobre “el riesgo de que sean impugnadas” esas reformas a los reglamentos, pues tendrían que hacerse durante el desarrollo del proceso, o bien, el INE podría optar por “aplicar las leyes sin expedir la totalidad de la normatividad interna” y expedir sólo reglamentos indispensables.

Además, debido al poco tiempo para la designación de consejeros locales “el Consejo General tendría la disyuntiva de ratificar o no a los actuales”.

En un escenario C, el IFE consideró que con un INE integrado, pero sin leyes expedidas, sería potestad de los consejeros aplicar o no las reformas constitucionales y en cualquiera de esos casos habría incertidumbre jurídica.

Los consejeros tendrían tres opciones: aplicar el Código Electoral sólo en lo que no se oponga al texto constitucional y expedir los reglamentos necesarios, o aplicarlo sin incluir el texto de la reforma constitucional “bajo la consideración de que se trata de una norma constitucional vigente, pero ineficaz”.