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El crimen organizado se infiltró en los diferentes niveles de gobierno y las ejecuciones son evidencia de ello; hasta ahora ningún policía opera de forma independiente, por lo que es necesario que se realice una limpieza de la clase política para lograr limpiar a las corporaciones policiacas, señaló en entrevista Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia.

Desde 2008, Buscaglia adelantó a EL UNIVERSAL que en los lugares donde se establecen los grupos del narcotráfico en México, la autoridad son ellos y no los representantes del gobierno, existe corrupción de autoridades y, desde entonces a la fecha, cerca de 77% de los municipios del país están controlados por los cárteles.

“Las policías no tienen corrupción autónoma, tienen su patrón, siempre que se sigue un organigrama de la corrupción, no sólo se llega al que supervisa, al director, sino al más alto nivel, y siempre llegas a la clase política por un lado o por otro”, explicó el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana.

Para Buscaglia, los policías le responden a funcionarios, lo que implica un Estado fragmentado, en donde diferentes partes de ese Estado trabajan para ciertos grupos criminales que se reparten las zonas “como un pastel”, de tal manera que hay funcionarios actuando de árbitros y de mediadores.

“Las policías municipal, estatal y federal están fragmentadas trabajándoles a diversos políticos, que a su vez están formando parte de grupos criminales no sólo por omisión, sino por acción”, agregó el experto.

En el país, incluso ha habido enfrentamientos entre policías municipales que trabajan para el cártel de Sinaloa, otros para Los Zetas, al igual que ocurre entre policías estatales, y federales contra Fuerzas Armadas, “y la forma de acabar con ello es logrando un acuerdo nacional político que lleve a una limpieza de la clase política y después de las policías de todos los niveles”, dijo.

Por ello, insistió en que es preciso que se efectúen investigaciones patrimoniales a la clase política, hasta tercer nivel ,y especialmente en aspectos donde no pueden justificar el origen lícito de su dinero, se proceda penalmente y después se investigue a los policías.

“La limpieza de las instituciones policiacas comienza con la limpieza de la clase política, especialmente si los policías responden a funcionarios que fueron nombrados en gabinetes, en secretarías”, comentó.

Cualquier encausamiento penal en contra de políticos y policías debe basarse en investigaciones patrimoniales duras, no en testigos protegidos, y además se debe tener un acuerdo previo entre partidos para que pueda darse esa limpieza, agregó.

“En México, cualquier funcionario, sindicalista o empresario con una red de contactos políticos puede abusar de su discrecionalidad administrativa o judicial, malversar fondos o realizar cualquier otro tipo de conducta socialmente dañina, y mientras exista un padrino con poder de por medio, existirán pocos canales reales para que esta persona sea castigada”, afirmó.