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El Instituto Federal Electoral (IFE) demandó al Congreso de la Unión expedir la ley secundaria relativa a propaganda gubernamental, omisión legislativa que lleva ya seis años, y ha permitido a funcionarios de todos los partidos y niveles incurrir en promoción personalizada con dinero público.

La exigencia unánime de los cuatro consejeros del IFE se dio en el marco del debate por el que ese órgano se declaró incompetente para investigar y sancionar al mandatario de Chiapas, Manuel Velasco Coello, acusado de promover su imagen en todo el país con motivo de su informe de gobierno, rendido en diciembre pasado.

Los consejeros del IFE reconocieron “indignación” por ese tipo de promoción, y el “cuestionable uso de dinero público”, pero por unanimidad remitieron el caso al Instituto Electoral de Chiapas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha establecido que el IFE puede intervenir en casos de propaganda gubernamental de los servidores públicos si se dan cinco supuestos, entre ellos que esa difusión afecte a un proceso electoral federal, lo que no es el caso.

Por eso, argumentaron el consejero presidente Lorenzo Córdova y los consejeros Benito Nacif, Marco Antonio Baños y María Marván, ante la ausencia de regulación sobre facultades del IFE en esos casos, el órgano sólo puede actuar conforme a los criterios del TEPJF.

El representante del PAN, Rogelio Carbajal advirtió sin embargo que la denuncia no fue sólo por la propaganda personalizada prohibida en el artículo 134 de la Constitución, sino por “extraterritorialidad” de esa difusión, que abarcó varias entidades del país, lo que está prohibido en el artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Por tanto el asunto es de competencia federal, y debe ser resuelto por el IFE, sostuvo, al recordar que existe un criterio del Tribunal Electoral según el cual el IFE sí es competente cuando se aduzca la difusión de informes de gobierno que no cumplan con las reglas, aunque no haya elección federal.

El representante del PRD, Camerino Márquez, también exigió al IFE no delegar sus responsabilidades y acusó “ustedes ya bajaron la cortina señores consejeros”, pues en este caso se erogaron 130 millones de pesos y “ni siquiera” se dio vista a la Unidad de Fiscalización para investigar el origen de los recursos.

Jorge Herrera, representante del PVEM, acusó incongruencia y reviró con casos de promoción personalizada de funcionarios del PAN, como el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y del PRD, como su coordinador de diputados, Silvano Aureoles.

En la discusión del asunto, la consejera electoral María Marván advirtió que el Instituto Federal Electoral comparte la indignación por “el cuestionable uso de dinero público” para promoverse.

Reconoció que los informes de gobierno “se han convertido en pretexto para propaganda personalizada” y muchas veces ni siquiera hay informe, pero “ustedes partidos y legisladores tienen posibilidad de corregirlo” con leyes secundarias.

El consejero Benito Nacif estableció que es “innegable la insatisfacción” que genera ese tipo de resoluciones de incompetencia del IFE, pero éste “está garantizando el estado de derecho que implica reglas claras y estables”.

Falta una legislación secundaria “nomás llevan seis años sin emitirla”, asentó a su vez el consejero Antonio Baños al recordar que las reformas de 2007 y la reciente, de 2013, han ordenado regular y el Congreso no lo ha hecho.

“No queramos hacer que el IFE sea una cajita mágica de cristal en la cual se puedan obtener todas las soluciones”, exigió.

En tanto, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, destacó que “hemos vivido un furor escandaloso, desatado de los servidores públicos de este país para rendir informes (…) informan sin ton ni son y se benefician”, aunque no debiera existir un solo caso de propaganda personalizada, pues lo prohíbe la Constitución, aunque el Cofipe la permita de forma acotada.