Una matanza lo encumbró; otra tragedia lo destruyó
PRESENCIA. Imagen del 30 de septiembre de 1995 en la que aparecen el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero, quien lo relevó en marzo de 1996 tras la matanza de Aguas Blancas en junio de 1995. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )
Ironías de la política: Ángel Aguirre, quien escaló a las alturas del poder hace 18 años al sustituir al gobernador Rubén Figueroa Alcocer, por la misma escalera cae de donde andaba, y la tarde de este jueves anuncia que deja inconcluso el cargo al que accedió por segunda ocasión, ahora por la vía electoral, para que el Congreso local se ocupe de sustituirlo.
Sembró vientos y cosechó huracanes: Ayotzinapa e Iguala.
Decenas de miles de personas se manifestaron durante días en exigencia de que aparezcan vivos 43 estudiantes normalistas, y exigieron que Aguirre dejara el cargo. Bajo presiones políticas y sociales sin antecedente, la misma comunidad internacional vio arder lugares de Guerrero —sin metáfora—, y escuchó con atención a padres dolientes dar el ultimátum definitivo: “Tienes dos días para que te vayas”. Uno fue suficiente.
Apenas la semana pasada los “Chuchos mayores”, Jesús Ortega y Zambrano, lo fueron a visitar. El miércoles en privado en Acapulco, les sobraba fuerza en la mano izquierda. O al menos eso creían, pues el sábado 18 de octubre lograron que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD lo salvara.
“No le pedimos la renuncia pero no le pedimos que se quede. No lo condenamos ni lo absolvemos”, defendió ese día el diputado Fernando Belaunzarán, del grupo de Los Chuchos.
De ese desastre, que lleva a la tumba política a Ángel Aguirre Rivero, hay una cronología que comprende los cuatro años de gobernador constitucional, periodo en donde hay sangre, muerte, injusticia y mano izquierda (no ideológica) de maña para asestar golpes de poder.
Sin embargo, la historia remonta sus inicios en el Vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, donde la policía estatal asesina a 17 campesinos inermes y deja heridos a 21 más, en 1995. Por esos hechos de crímenes de lesa humanidad pide licencia Rubén Figueroa Alcocer, hijo de Rubén Figueroa Figueroa, legendario en la historia de caciques de la región y secuestrado por la guerrilla de Lucio Cabañas en los setenta. El dedo del Olimpo señala como sustituto de Rubén Figueroa Alcocer, transportista, a Aguirre Rivero en 1996.
Es octubre de 1997 y la tormenta tropical Paulina arrasa Acapulco. Bajo toneladas de rocas, lodo, árboles, escombros, Ángel Heladio Aguirre Rivero se echa en brazos del gobierno federal, el de Ernesto Zedillo Ponce de León, que reconstruye las zonas de desastre de la ciudad.
El año siguiente persigue a la guerrilla, y fuerzas estatales dan cuenta de una decena de personas a las que tilda de pertenecer al ERPI. Es la matanza de El Charco. Acusado por el PRD (él era priista en ese momento) se le escurren acusaciones por la muerte de decenas de militantes.
En este siglo es diputado federal y senador priista, y en 2011 pierde la candidatura a gobernador por el PRI, en contienda que favorece a Manuel Añorve, con quien rompe un pacto de apoyo mutuo, toma la bandera del PRD y con apoyo del PAN gana el mandato que lo conducirá a la muerte política súbita en días, cuatro años después.
El historial avisa el desastre social y político de hoy: En 2011, policías estatales matan a dos estudiantes de Ayotzinapa; en 2012 aplica sus métodos de dominación con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que inmoviliza la columna vertebral de la entidad, la autopista del Sol.
En 2013, los huracanes Ingrid y Manuel desploman la economía de las regiones, donde hubo insuficiente previsión en materia de Protección Civil. Mientras, también van a la cárcel liderazgos como Néstora Martínez, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), lo que sirve para alienar con ese ejemplo y dinero presupuestal a otros grupos de Policías Comunitarias.
Y cuando jugaba sus estrategias de seguridad pública, 2014 cavó su tumba política. Una de las paladas la da cuando impone un ómbudsman estatal, Ramón Navarrete, en enero, para cubrir la vacante por el fallecimiento del titular de la Comisión de Derechos Humanos, Juan Alarcón. Con un amigo se desentiende del respeto a las garantías individuales.
Y de los dos días que los dolientes le dieron el miércoles para irse, con uno le alcanza, este jueves.