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Silva Meza: hay dos realidades en DH

Elena Michel| El Universal
Miércoles 10 de diciembre de 2014

Video. Relatores de la ONU denunciaron desde abril de 2014 que este delito está extendido y generalizado en casi todas las corporaciones policiales y de justicia del país


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Juan N. Silva Meza, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió que en el campo de los derechos humanos existen dos realidades en México: “La del marco jurídico” y lo que sucede en la práctica.

Así lo indicó al presentar el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, en lo que se prevé sea su último discurso sobre el tema como presidente del alto tribunal.

Silva Meza citó el informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles que en abril de este año reportó que en México hay “una situación generalizada del uso de la tortura”, entre lo que destacó, el maltrato para obtener de manera forzada una confesión, la intrusión sin orden de cateo en domicilios, golpes con puños, pies y palos en diversas partes del cuerpo, el uso de bolsas para asfixia, toques eléctricos, violencia sexual y la ausencia, casi absoluta, tanto a nivel federal como estatal, de sentencias condenatorias.

“En el campo de los derechos humanos en México existen dos realidades: por un lado la legal, que incluye todo el marco jurídico [Constitución, tratados y leyes federales y estatales] y por el otro, la realidad, la concreta, que se refiere a la vigencia de estos derechos en la práctica”, admitió.

Dijo que los lineamientos permiten a los jueces entender cómo tratar el delito de la tortura o maltrato que, en muchos casos, va conexo a otros delitos, pero que al estar intrínseco en otros actos no hay sentencias claras ni directas en relación con la tortura.

El presidente de la SCJN agregó que la no actuación de cualquier funcionario público frente a posibles hechos constitutivos de tortura o malos tratos representa una forma de tolerancia, lo que al final envía un mensaje de impunidad y una fuente potencial de responsabilidad internacional del Estado.

En el documento se le sugiere a la Presidencia amonestar públicamente a los militares que hagan apología de este delito.



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