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Ante la acción de inconstitucionalidad que presentaron en enero pasado diputados federales en contra de la reforma fiscal con la intención de que se eliminen medidas como la homologación de 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las zonas fronterizas, entre otras disposiciones, el proyecto que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el contrario, propone declarar que sí son válidas estas modificaciones y su aplicación.

El pleno del alto tribunal inició ayer la discusión del proyecto que establece declarar constitucional el decreto que reformó la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre la Renta y que también derogó la Ley del IETU y la Ley del IDE; aunque el debate se prevé complejo y amplio ante los diversos temas que se abordarán, y tan sólo en el primer punto sobre el IVA en fronteras ya hubo diferencia de opiniones entre los ministros.

Este debate es trascendente, en la medida en que a partir del criterio que fijen los ministros se resolverán los cientos de amparos que se han presentado en contra de la reforma fiscal en la que se determinó el incremento de 11% a 16% del IVA en las zonas fronterizas del país; los juicios están congelados desde abril pasado por decisión de la SCJN, hasta en tanto no se emita el fallo sobre la acción de inconstitucionalidad de los diputados que consideran que la medida viola el principio de igualdad tributaria y afecta la competitividad.

El recurso que promovieron 172 diputados —del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano— también impugna disposiciones relacionadas con la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes, el aumento de la tasa del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas y el tope de deducciones; aunque ayer en la primera sesión del pleno sobre este expediente, sólo se inició la discusión sobre el impuesto fronterizo.

La ministra Margarita Luna Ramos se encargó de exponer el proyecto que plantea: “Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad”, y que “se reconoce la validez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley Federal de Derechos”, entre otras normas, del 11 de diciembre de 2013.

El proyecto, detalló, “está determinando que son infundados los agravios aducidos por los promoventes de estas acciones de inconstitucionalidad, y que de alguna manera no se está estableciendo la violación al principio de equidad tributaria, porque se está tratando de sujetos que se encuentran en igual circunstancia de tributación”.

Luna Ramos recordó que aunque existen criterios anteriores de la Corte que validaron una tasa diferenciada y menor para las fronteras como medida para incentivar el consumo y evitar su afectación, expuso que “también de alguna manera no se puede determinar esto como obligatorio o constitucionalmente exigible cuando estamos hablando de sujetos que de alguna manera están estableciendo situaciones idénticas”.

Aunque el ministro Alberto Pérez Dayán se pronunció en contra del proyecto, ya que sostuvo que “la homologación me parece violatoria del principio constitucional de igualdad tributaria”.

Destacó que ahora “el argumento principal en materia de consumo es que los precios no generaron una condición suficientemente asequible como para suponer que con un IVA bajo tendría mayor acceso a este tipo de productos la población, y sí un precio igual el de toda la República. Lo cierto es que ahora con este tratamiento, si el precio ha sido igual en toda la República, entonces tendremos un objeto de consumo o de gravación, más caro, gravado por una tasa mayor, lo cual sí genera un fenómeno de inequidad a mi manera de entender las cosas”.